La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) ha intensificado su presión sobre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) para obtener Certificados de Compatibilidad de Uso (CCUs), buscando formalizar actividades mineras ilegales en parques protegidos como el Madidi, Apolobamba y Cotapata.
El Comité Pro Defensa de las Áreas Protegidas de Bolivia denunció que la mayoría de estos certificados están caducados, anulados o fuera de norma, ya que las actividades mineras no han demostrado tener derechos preconstituidos antes de la creación de las áreas protegidas.
Los dirigentes de Ferreco afirman tener un acuerdo con el presidente Luis Arce, mencionando que todo el oro extraído es vendido al Estado, lo que facilita la provisión de diésel. Sin embargo, denuncian especulación en los precios del combustible en estaciones de servicio, lo que impulsa la importación irregular desde Perú.
Entre las medidas propuestas por Ferreco se encuentra la construcción de un surtidor propio en el norte del departamento de La Paz, específicamente en localidades como Guanay, para asegurar el suministro de combustible para las operaciones mineras.
La falta de control sobre las actividades mineras ilegales y la debilidad en la gestión de las áreas protegidas por parte del Sernap y otras entidades gubernamentales pone en riesgo ecosistemas clave y las economías locales en regiones como Asariamas, donde se denuncian daños ambientales graves.
Resumen
La comunidad de 3 Marías en Los Yungas denuncia a la cooperativa minera Salvadora de Yerbani por realizar actividades de apertura de caminos sin autorización. Esto afecta el medio ambiente y la producción de flores, actividad económica vital para la región. Los habitantes solicitan la intervención de las autoridades para proteger sus recursos naturales y garantizar la sostenibilidad de su entorno.
Resumen: Ferreco intensifica su presión sobre Sernap para obtener CCUs que legitimen la minería ilegal en áreas protegidas, mientras planea construir un surtidor propio para afrontar el problema del combustible. Autoridades y comunidades exigen mayor regulación para proteger el medio ambiente.
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