El Ayllu Talina, compuesto por nueve comunidades en Potosí, está luchando para proteger sus vertientes de agua contra la contaminación causada por mineras que operan sin licencia. La riqueza generada por las empresas mineras ilegales no ha beneficiado a las más de 800 familias que viven en el ayllu, mientras que los residuos de mercurio y otros químicos han afectado gravemente el cauce del río Talina, que desemboca en el río San Juan del Oro y, finalmente, en el Pilcomayo.
Las comunidades denuncian que, a pesar de sus esfuerzos por frenar la actividad ilegal, las autoridades municipales y departamentales no han atendido sus quejas. Olga Alicia Toconas Velas, cacique del Ayllu Talina, lamentó que la tierra se ha vuelto cada vez más infértil, y que desde 2018 han observado una disminución en el agua de los pozos. Además, afirmó que las lluvias traen más desechos minerales, afectando aún más la producción agrícola.
Los comunarios afirman que la situación es insostenible, ya que la minería ilegal ha deteriorado las fuentes de agua y amenaza su sustento. Aunque se ha realizado la denuncia formal, los resultados aún no se han visto, y las comunidades temen por el futuro de su territorio, ya que los mineros continúan operando con impunidad.
Para la senadora Cecilia Requena, este es un caso más de criminalización de los defensores ambientales, y denuncia la falta de transparencia en las operaciones mineras. Aunque algunas empresas mineras fueron sancionadas con la paralización de sus actividades, el daño ambiental ya estaba hecho. Las comunidades siguen sufriendo las consecuencias, y los análisis del agua realizados en 2023 confirmaron la presencia de mercurio y otros minerales tóxicos en la zona.
El Ayllu Talina está compuesto por nueve comunidades que dependen principalmente de la agricultura, cultivando ajo, maíz, haba y papa, y criando animales de pastoreo. La contaminación del agua ha afectado gravemente su forma de vida, y los comunarios afirman que incluso algunos animales han nacido con deformaciones. Los residentes temen por el futuro de sus tierras si no se detiene la actividad minera ilegal.
En cuanto a las autoridades, desde la Alcaldía de Tupiza y la Gobernación de Potosí han afirmado que no tienen denuncias oficiales. Sin embargo, la cacique Toconas sostiene que, ante la falta de acción por parte de las autoridades, las comunidades decidieron organizarse para recabar pruebas por su cuenta. Especialistas tomaron muestras en 12 puntos diferentes, confirmando niveles peligrosos de contaminación en las fuentes de agua, y ahora esperan que sus denuncias sean finalmente atendidas.
Fuente: Visión 360
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