La región paceña es la mayor productora del metal preciado en 2018 movilizó $us 950 millones.
El Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable (GIT-OR), formado por 12 organizaciones ligadas al sector, prepara el Tercer Simposio del Oro 2019 para los días 19 y 20 de noviembre en La Paz.
Anticipa que será un espacio de diálogo y capacitación sobre políticas públicas para una minería artesanal y de pequeña escala responsable y competitiva. La capacitación incidirá en buenas prácticas en los ejes temáticos del sector como medioambiente, condiciones sociolaborales, tecnología, gobernanza y economía. Se estima la participación de 300 mineros cooperativistas auríferos.
La minería ha sido uno de los sectores que más ha impulsado el desarrollo de la economía boliviana desde tiempos anteriores a la República hasta nuestros días. Desde 1990, la actividad minera ha contribuido en promedio con el 5,15% al PIB y ha representado en promedio el 30,93% de las exportaciones totales.
Considera que La Paz es el mayor productor aurífero, alcanzando los 950 millones de dólares en 2018, y que las cooperativas auríferas son el sector que concentra la mayor producción y el sector que mayor cantidad de empleos genera, a más de 128 mil personas en 2016, y son las cooperativas mineras los mayores empleadores con el 90% del total.
Señala que es consciente de la importancia de esta cadena de valor para la región, por ello implementó en 2016 el proyecto Qori Suma (Oro Bueno), con el respaldo del Reino de los Países Bajos; además cuenta con el apoyo de la organización internacional Solidaridad, que tiene una trayectoria de 50 años en el área y promueve cadenas de oro responsable en minerías de pequeña escala.
Los organizadores indican que el proyecto Qori Suma busca generar políticas públicas favorables para el sector aurífero y crear espacios de diálogo orientados a la formulación propositiva de reformas inclusivas y sostenibles a nivel ambiental, social y laboral.
Indican que aquellos objetivos resultan claves para mejorar las condiciones de vida de las personas que realizan dicha actividad económica, así como las de sus respectivas familias.
A la fecha, menciona, se han propuesto 15 políticas públicas que buscan beneficiar a las cooperativas mineras, a la Red Nacional de Mujeres Mineras y otras organizaciones de la sociedad civil.
Indica que la minería cooperativista requiere de políticas públicas para alcanzar los objetivos del Convenio de Minamata sobre la eliminación y/o reducción del mercurio, mejorar las condiciones laborales, facilitar la recaudación de impuestos y satisfacer la demanda mundial de oro responsable, entre otros objetivos.
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