Nuestro gobierno ejecutará un plan de recuperación de la minería nacional, rescatándola de la deriva populista que la ha sumido en una grave crisis, y encarando un conjunto de reformas necesarias para hacer de ella una industria pujante, moderna, eficiente y con alta capacidad de creación de empleo digno y de calidad.
- Se creará el marco normativo y regulatorio idóneo y eficaz para la minería, dirigido a promover la participación del capital privado extranjero y nacional, robusteciendo un sector altamente competitivo y con el mayor potencial de expandir la producción y exportación de minerales, alrededor del cual será posible mejorar la productividad, la innovación y el cuidado ambiental en la minería boliviana y cuya producción debe formar parte de las cadenas globales de valor.
- La primera prioridad será atraer inversiones a la exploración minera, por cuenta sobre todo de empresas junior especializadas en labores exploratorias, bajo un régimen de incentivos tributarios adecuados, la garantía de seguridad jurídica y estabilidad en los contratos, además de la formación de un fondo de exploración minera con recursos disponibles de capital de riesgo. Esta es la respuesta al agotamiento de minas y la falta de nuevos proyectos de desarrollo. El impulso a la actividad exploratoria se dará tanto en áreas tradicionales como en otras regiones con potencial de metales tecnológicos, en un esfuerzo de diversificación productiva minera.
- Se mejorará la disponibilidad de información geológica y del potencial mineralógico, a través de una base de datos precisos y fiables, y también se facilitará el acceso a la propiedad minera bajo un nuevo régimen de concesiones y de derecho minero.
- También se efectuará una evaluación cuidadosa del proyecto gubernamental de explotación e industrialización de litio, para determinar sus reales avances y su viabilidad tecnológica, financiera y comercial, transparentando todo lo relacionado al mismo, para adoptar las decisiones que permitan reencauzarlo en las condiciones más ventajosas para el país y en los plazos más breves.
- Se realizará una reingeniería de COMIBOL, para hacer de ella una corporación estatal eficiente, dotada de su propio gobierno corporativo, con plena autonomía de gestión y sin intromisión político-partidista, que buscará maximizar su valor económico y su aporte al Estado mediante sus propias operaciones, como también en sociedad con capitales privados y en contratos de riesgo compartido u otras modalidades.
- Se impulsará el desarrollo empresarial y la modernización de las cooperativas y pequeñas empresas, a través de un programa integral de innovación tecnológica, capacitación de recursos humanos, asistencia financiera y apoyo a la producción y comercialización.
- Se promoverá el desarrollo de un sector fuerte de proveedores de equipos, insumos y asistencia técnica para la minería, apuntando a la estructuración de un verdadero clúster minero.
- Se velará por el más estricto cuidado ambiental en las operaciones mineras, aplicando normas y regulaciones eficaces y oportunas para prevenir impactos, minimizar riesgos y evitar efectos nocivos sobre las comunidades indígenas, poblaciones rurales y el medio ambiente. Con ese mismo fin, se alentará el uso de tecnologías sostenibles y la aplicación de modelos de gestión productiva que sean ambientalmente sustentables y socialmente responsables.
- Se implementará el marco regulatorio más adecuado para la consulta previa con las comunidades rurales y para su participación en los beneficios económicos y sociales de la actividad minera.
- Se hará un gran esfuerzo de fortalecimiento de la institucionalidad minera nacional, y en particular en el sector público a fin de contar con instituciones sólidas y transparentes, debidamente profesionalizadas y muy eficaces en la tarea de promover la capacidad productiva, el emprendimiento, la innovación, la seguridad y la estabilidad social; con una delimitación clara de roles y competencias, contrapesos efectivos, tribunales imparciales y una gobernabilidad basada en la ley, la igualdad de derechos, el diálogo democrático y la concertación de interés legítimos. Estas condiciones harán posible la certidumbre de las reglas y la transparencia y equidad de las políticas públicas, configurándose un entorno propicio para la inversión, la confianza y la prosperidad de los negocios mineros.
- Será parte de una revitalizada institucionalidad del sector minero, dotar de un papel más protagónico de los gobiernos departamentales en la promoción y asistencia a la actividad minera, en sus distintos eslabones.
- Se fortalecerá las capacidades de investigación en el campo minero-metalúrgico, a través de iniciativas de I+D+I por parte de las compañías mineras, con la colaboración de universidades y otros centros de investigación, y para lo cual se constituirá un fondo concursable para la innovación y la competitividad minera.
- Se atenderá a la necesidad de cualificar el capital humano en la minería, lo que conlleva reforzar y jerarquizar los estudios de ingeniería de minas, geología, mecánica, electrónica y otras disciplinas relacionadas, y promover oportunidades de formación y capacitación de técnicos y obreros calificados en el seno de las empresas mineras y en otros establecimientos públicos y privados, nacionales y extranjeros.
Comentarios
Publicar un comentario