Para el crecimiento de la minería hay que atraer buenas inversiones

La minería boliviana es la que tiene el menor porcentaje de inversiones
Pese a ciertas expectativas seguimos dependiendo de los commodities

Una serie de factores adversos en materia financiera, por otra parte la falta de políticas adecuadas para impulsar el rubro de la minería y las restricciones en la disposición de créditos internos, que sean equitativamente comparables con los que se aprueban y ejecutan para el sector de hidrocarburos, hace que este sector estratégico de la producción nacional siga siendo deficitario en el sentido de no captar grandes, medianas, ni pequeñas inversiones en abierta competencia con el movimiento que en ese sentido facilitan los gobiernos de países vecinos, que concentran millonarias inversiones y transferencia de moderna tecnología para la consolidación de enormes proyectos mineros.

Claramente se admite que Bolivia "no es atractiva para la inversión foránea", debido a falencias muy notorias en los procedimientos de negociación con posibles interesados en la formación de consorcios comerciales para explotar minerales en Bolivia.

AUSENCIA DE NORMAS

Hay una preocupante carencia de normativas apropiadas que otorguen seguridad jurídica a inversionistas, generando incertidumbre entre algunos interesados que intentan arriesgar tiempo y dinero para entrar en negocios de minería y metalurgia en nuestro país, lamentablemente con resultados poco favorables al no disponerse de normativas apropiadas en la materia.

La Ley 535 de Minería y Metalurgia, promulgada en mayo del 2014, en más de cuatro años de su vigencia no puede ser el instrumento idóneo para garantizar las futuras actividades mineras, sencillamente por la carencia de su reglamento en el que deben insertarse las regulaciones de seguridad jurídica para garantizar inversiones y atraer capitales y tecnología, que se utilizarían en el desarrollo de prospecciones y exploraciones mineras, hasta definir algún nuevo y atractivo emprendimiento, que se anotará entre los de renovación de la nueva minería boliviana. 

Nadie da explicaciones sobre la ausencia de autoridad para dar funcionalidad a la aplicación y cumplimiento de la Ley 535, debidamente actualizada, como el instrumento normativo tan necesario para reactivar la dormida minería nacional.

No solo la minería está "casi estrangulada"; según los ejecutivos de la industria nacional todo el sistema productivo del país está sometido a una serie de incongruentes disposiciones que hacen poco menos que imposible la consolidación de proyectos de inversión para mejorar o ampliar ciertos emprendimientos productivos, entre estos el rubro estratégico de la minería y la metalurgia.

Si bien el asunto no es sólo de buenas intenciones, más bien debería ser de drásticas disposiciones, se toma el ejemplo de la Comibol la empresa estatal que en varios años no puede ser reestructurada y por lo mismo sigue siendo una empresa "administradora" de contratos, sin visión de proyección para nuevos emprendimientos mineros y frenando los planes que en materia de industrialización minera deben funcionar con mayor seriedad y hasta con audacia, pero bajo dirección profesional para llegar a la etapa de fundición de todos nuestros minerales. 

Las informaciones sectoriales no satisfacen la expectativa de los sectores interesados en "reactivar" la minería, dejando de lado posiciones caprichosas como la de "buscar culpables" en el atraso de reestructurar la Comibol, para que la entidad funcione profesionalmente y no siga siendo parte de un aparato burocratizado que no le hace ningún bien a la minería.

FUENTES DE EMPLEO

Pese a una serie de hechos adversos a las buenas intenciones de dirigentes para activar la minería, lo evidente es que además se precisan normativas muy claras, respaldadas en instrumentos legales que permitan su aplicación y la ejecución de las mismas viabilice el objetivo de recuperar el lugar que ciertos periodos permitió a este sector extractivo constituirse en el mayor generador de miles de empleos directos y las seguridades de orden social para número multiplicado de familias que dependerán directa e indirectamente de la minería y metalurgia.

Datos de instituciones de investigación social, refieren que la minería estatal, incluyendo empresas metalúrgicas, generan más de 30 mil empleos directos, el doble de indirectos, mientras que el subsector de las cooperativas mineras da trabajo a más de 100 mil personas. La minería privada tiene también determinante participación en el hecho laboral con miles de empleos y es la que cumple con todas las regulaciones sociales.

Considerando este aspecto, es que se insiste en cambiar la estructura de la empresa estatal minera, para que cumpla la específica misión de presentar planes de atracción de inversiones para el crecimiento de la actividad exploratoria y luego extractiva de los minerales del país, cuya futura explotación consolidará la seguridad económica y transformadora de todo el sistema productivo nacional.

DECISIONES URGENTES

Mientras no se decida una política minera, jurídicamente respaldada para garantizar inversiones, abierta al interés de empresas internacionales dispuestas a la participación en convenios de producción minera, transfiriendo su tecnología y asegurando el rendimiento de grandes emprendimientos mineros, con claras reglas de juego, todo lo que se haga seguirá siendo un despliegue discursivo de buenas intenciones, pero sin llegar a la práctica de poner en marcha nuevos yacimientos mineros.

La información conocida en la reciente "rendición de cuentas del Ministerio de Minería" es el reflejo de lo que acontece en el sector, con mucha alegoría discursiva, pero poca efectividad en la concreción de nuevos emprendimientos mineros. Sin margen de observación, como lo señalan analistas de la materia, más de una década que no hay un solo proyecto nuevo en materia minera metalúrgica.

Hay que aislar de esa mirada general, los casos de dos macroproyectos, el del litio en el salar de Uyuni, que avanza, pero lentamente y el del Mutún para explotación de hierro y su transformación siderúrgica en acero. De este último se espera que su implementación a cargo de una firma china comience a la brevedad, pues se confirmó que la "orden de emprender" ya fue transmitida oficialmente. 

Se establece finalmente de acuerdo al criterio de analistas que "nuestro país sigue siendo dependiente de los precios internacionales de materias primas para sostenerse y para crecer", una situación que puede cambiarse cuando se consolide la industrialización de nuestros concentrados.

FUENTE La Patria