Minería produce regalías pero no en la proporción deseada

Un interesante trabajo de la Fundación Jubileo, publicado el pasado mes de octubre, señala que nuestro país en un periodo de 12 años recaudó la suma global de 1.459 millones de dólares por concepto de regalías mineras, que en su tiempo fueron distribuidas entre todos los departamentos y municipios en los que se produce la extracción de diversos minerales, más en unos que otros y con mayor beneficio en función de los precios vigentes en las pizarras internacionales.


La minería privada mediana tiene un buen registro de pago regalitario por sus volúmenes de producción y exportación, hay que considerar al sector cooperativo y la minería privada consignada como "chica", aunque es la más persistente en su actividad, pese a que también es la menos favorecida con incentivos financieros por conducto gubernamental, la minería estatal tiene su parte relevante en la producción de regalías, sobresaliendo el distrito de Colquiri y luego Huanuni y otras minas que administra la Comibol.

El informe de la Fundación Jubileo añade datos sobre los montos que recibieron los principales distritos productores mineros, ocupando el primer lugar, desde hace varios años, el departamento de Potosí que en más de una década percibió casi 1.000 millones de dólares, Oruro recaudó más de 200 millones y La Paz recuperó 176 millones de dólares, el resto de distritos se distribuyeron un medio millón de bolivianos.

El mismo informe detalla que las gobernaciones, específicamente, no municipios, lograron de manera directa en el caso de Potosí 840 millones, Oruro 175 y La Paz 141 millones de bolivianos. Se entiende que los municipios donde hay labores mineras, percibieron porcentajes de regalías que, sin ser significativas, favorecieron al cumplimiento de algunos proyectos menores de desarrollo.

Al margen de un informe general, lo que preocupa es que el mínimo porcentaje que está definido para fines específicos de prospección y exploración minera, excepto en Potosí, en el resto de distritos no tiene mayor relevancia y por lo mismo esos proyectos no se cumplen en la dimensión proyectada.


VARIOS PROBLEMAS

Aunque parecería que el desarrollo minero nacional se desempeña con cierta regularidad, lo evidente es que en todos los sectores se confrontan problemas, algunos por la falencia de instrumentos legales que garanticen inversiones y operaciones, es la falta del reglamento a la Ley de Minería 535 que deja vacíos especialmente en las seguridades que esperan los empresarios mineros que quisieran disponer capitales y tecnología, pero carecen de reglas claras y de incentivos apropiados para arriesgar fondos financieros.

En el caso de la minería cooperativizada, pese a una serie de acuerdos logrados con autoridades de Gobierno, deben cumplir con la licencia ambiental, en algunas "empresas" debe eliminarse el empleo informal, pues las cooperativas no pueden tener asalariados y tampoco están autorizadas a concretar convenios de sociedad con empresas privadas, si antes no cambian su razón social dejando de ser cooperativas y libres en adelante para desarrollar proyectos con capitales mixtos.

Se ha denunciado recientemente que más de 880 cooperativas auríferas están operando sin licencia ambiental. La Fundación Jubileo evidenció que de 981 cooperativas existentes en el sector minero solo 160 se adecuaron a las normas de la Ley de Medio Ambiente. Más de 800 explotan oro fuera del control de las autoridades pertinentes, ni de Comibol, tampoco del Senarecom.

Uno de los problemas que preocupa a los pobladores de comunidades agrarias junto a los ríos, es que las empresas mineras utilizan ilegalmente mercurio, un producto venenoso que afecta la salud de los comunarios y de la fauna del lugar, sin que las autoridades asuman responsabilidad en el cuidado de esas regiones.

Se entiende que la "fuerza" que ejercen algunas cooperativas es más fuerte que el dramático reclamo de agricultores ribereños que han visto disminuir sus actividades por la comprobada contaminación de agua y terrenos por el mercurio, producto nocivo que fue internado al país en la cantidad de 120 toneladas/año. Son problemas que debe solucionar el ministerio del ramo para evitar problemas. Con la explotación de oro en el norte paceño, en los últimos años, La Paz elevó su recaudación de regalías colocándose en el segundo lugar de beneficio, después de Potosí y relegando a Oruro al tercer puesto.


REGALÍAS EN ORURO

En lo que corresponde a las regalías mineras en Oruro, en la Unidad de Control de Regalías Mineras, su titular, Wilma Veizán informó que, en el lapso de nueve meses, el Gobierno Autónomo Departamental (Gad), recaudó la suma de 60. 419.962 bolivianos (60.4 millones), cifra menor en un millón de bolivianos con relación a lo recaudado en el mismo periodo del año pasado que sumó 61.867.194 bolivianos.

La recuperación de regalías por unos meses, incluyendo septiembre, tuvieron una disminución debido a la baja que en varios meses registraron las cotizaciones de los principales minerales que se producen y se exportan desde Oruro. Se ha intensificado el sistema de control a los operadores mineros para que todos los productores y comercializadores cumplan con el pago legal de regalías mineras. 

Se espera que hacia fin de año mejore la recaudación, tomando en cuenta que en todos los distritos se cumple un trabajo excepcional para mejorar los promedios salariales para incrementar el aguinaldo de la gestión, que en los distritos estatales se pagaría inclusive el doble beneficio, situación que sin embargo puede ocasionar desfases en la endeble economía de algunas minas.

En el caso de Oruro, distrito en el que no se ha puesto en marcha en la presente gestión que está llegando a su fin, ni un solo proyecto se espera que en la próxima se concreten algunos que están siendo preparados, aunque ninguno de cuatro ha podido confirmar su potencialidad para disponer su ejecución.

En lo que corresponde al sector privado de la minería mediana y chica, no se vislumbran nuevos proyectos, debido a que no existen "claras reglas de juego" que ofrezcan garantías jurídicas y seguridades operables, que permitan invertir bajo seguridades dispuestas claramente por el Gobierno a través de los canales oficiales, en este caso el Ministerio de Minería, cuyo titular formuló algunas promesas a ejecutivos empresariales, dirigentes laborales y cívicos para encarar proyectos de reactivación minera que hasta la fecha no se han cumplido, lo que hace presumir que este año, Oruro cerrará otra gestión sin ningún emprendimiento productivo, lo que significa rezagar sus posibilidades de desarrollo sostenible.

FUENTE Perspectiva Minera

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