La situación vigente en el país, con marcada inseguridad para la atracción de capitales que fomenten la actividad minera y metalúrgica es el resultado de la carencia de una política sectorial, debidamente respaldada con adecuadas disposiciones legales, por ejemplo la Ley 535, promulgada pero sin aplicación útil, por la falta de reglamento, un documento que además adolece de una escala de orden tributario que determine la aplicación de impuestos y cargas a los inversionistas y las condiciones de seguridad jurídica que debe complementar el uso legal de la normativa en cuestión.
Aspectos directamente relacionados con la "inseguridad jurídica" reducen la posibilidad de competencia con las grandes opciones que se presentan en países vecinos, donde los atractivos a inversionistas se presentan a través de sistemas de seguridad legal, que garantizan el movimiento de capitales y ajustan el movimiento de esos recursos bajo normas que facilitan beneficios al Estado y a los inversores, promoviendo condiciones complementarias, en planes generales, por ejemplo de integración caminera y dotación de servicios elementales como energía eléctrica y gas en algunos casos.
Precisamente la falta de seguridad legal a las inversiones, es uno de los puntos más débiles en nuestro sistema minero operable, pues no se ha logrado frenar algunos procesos de avasallamientos de propiedades particulares, e incluso, en algunos casos se alteraron proyectos gubernamentales, al no aplicarse correctivos en la Ley Minera, en lo que corresponde a la necesidad de "explotar los recursos naturales que son propiedad de los bolivianos en su propio beneficio".
Por otra parte, la aplicación desmedida de ciertos impuestos, no se ajustan a la realidad de las actividades mineras, sus costos de operación, sus limitaciones naturales financieras y técnicas, que están en abierta contradicción con las obligaciones impositivas que "desalientan" cualquier inversión de capitales.
De acuerdo con un trabajo de la Fundación Milenio, las dos trabas que perjudican el avance de la minería, son precisamente la inseguridad jurídica y la arbitraria vigencia de impuestos que se aplican de manera inequitativa, en una misma actividad, pero con diferentes actores, por ejemplo, inversión privada y en el otro lado, minería cooperativizada.
Mientras eso sucede con nuestra minería, países vecinos, Chile, Argentina y Perú, más hacia el norte Ecuador, Colombia y México, tienen políticas de atracción de capitales, bajo normas de seguridad y la vigencia de programas de incentivo para mover el principal elemento que mueve proyectos mineros, capitales, tecnología y tiempo.
Hay que tomar con mayor seriedad estos aspectos negativos y corregirlos en la medida de las posibilidades y necesidades de activar seriamente la minería y metalurgia en el país, para entrar en la cadena de las grandes inversiones en la región, más aún sabiendo con certeza que nuestro país es pródigo en yacimientos mineralizados, pero que deben ser trabajados para ponerlos en la línea de explotación y exportaciones rentables.
FUENTE Perspectiva Minera
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