El estudio devela que empresas chinas y colombianas han intensificado la prostitución de adolescentes en La Paz.
La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes se ha visto impulsada por la presencia de empresas chinas y colombianas en la explotación aurífera en el norte del departamento de La Paz, advierte un reciente estudio del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
El estudio “Explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes: sus rutas mineras y extractivas en territorios de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí”, desarrollado con el apoyo de la Embajada de Suecia, devela una compleja problemática social que se relaciona con actividades económicas vinculadas a la minería, sobre todo, al auge del oro en la Amazonía.
En un análisis de las dinámicas de movilidad que acompañan a la Escnna, la investigación ha logrado identificar 39 rutas de traslado, 24 ubicadas en el norte de La Paz, siete en Potosí y ocho en Oruro.
“Varias adolescentes del interior del país, debido a la presencia de empresas extranjeras, se desplazan a este sector, Mayaya, ya que el mismo está en auge respecto a la explotación de oro”, señala el estudio al referirse a uno de los cuatro destinos identificados en La Paz que se encuentra sobre el río Kaka, en el municipio de Teoponte.
La investigación señala que en Mayaya, las adolescentes prestan servicios sexuales a domicilio a los campamentos de las empresas chinas y colombianas con precios que varían en relación a la procedencia de los clientes.
“Si son bolivianos, entre Bs 300 y Bs 400 (cobran); si son colombianos o peruanos, entre Bs 500 y Bs 600; y si son chinos, entre Bs 700 y Bs 800, según los servicios que soliciten. La compañía de una de ellas por todo un día tiene un costo de Bs 1.000”, afirma el documento que fue presentado la semana pasada.
ANF develó en el reportaje: “Chinas y colombianas explotan ilegalmente oro en la Amazonía con la fachada de cooperativas”, sociedades al margen de la ley entre los capitales extranjeros y las cooperativas auríferas locales que cuentan con derechos mineros. La Administración Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) confirmó el ilícito.
EXPLOTACIÓN SEXUAL
El estudio contabilizó la presencia de 30 locales en Caranavi, 15 en Guanay, 11 en Mapiri, 10 en Santa Rosa de Mapiri, 10 en Tipuani y 9 en Mayaya, que hacen un total de 85 bares que ofrecen damas de compañía, todos relacionados al expendio de bebidas alcohólicas y que están ubicados en pleno centro urbano de cada región.
Los locales se mantienen abiertos los siete días de la semana, desde las 20.00 horas hasta las 3.00 de la madrugada y, en algunos casos, atienden a solicitud del cliente en horas de la mañana.
“En Caranavi, Guanay y Tipuani las damas de compañía presentes dentro de los bares no están obligadas a ofrecer servicios sexuales; asimismo, el 50% de los bares tienen una habitación destinada a este propósito y los costos están diferenciados entre adultas y adolescentes: las adultas (19 a 25 años) cobran entre Bs 100 a Bs 150; y las adolescentes entre Bs 250 a Bs 350”, señala el documento.
En Mapiri, Santa Rosa de Mapiri y Mayaya todas las damas de compañía de los bares identificados ofrecen servicios sexuales: en un 80% son adolescentes, teniendo un costo que está entre los Bs 400 a Bs 600, situación que puede variar según el tiempo y el servicio que se solicite a las adolescentes.
“Las condiciones en las cuales viven las víctimas identificadas en estos espacios (y esto vale para todos los territorios explorados) son de hacinamiento, debido a que duermen y se alimentan en el mismo bar o espacio de riesgo, del cual no pueden salir sin autorización del dueño”, indica el informe que emite varias recomendaciones al Estado boliviano.
Las víctimas, según los hallazgos del estudio, pertenecen a contextos donde la pobreza es lo común y, por ello, la mejor manera de atraerlas es prometerles una mejor alternativa económica de vida. En esa línea, la forma de captación primordial tiene que ver con el proxenetismo disimulado a través de personas que van hasta sus comunidades y allí se presentan a sí mismas como bien intencionadas, que quieren ayudar a las familias necesitadas o incluso “amigas” de las víctimas, que las animan a trasladarse.
VÍCTIMAS DEL ENGAÑO
En una primera instancia, las captadoras de adolescente recurren al engaño y, una vez captada la víctima y fuera de su lugar de origen, es sometida mediante el uso de la intimidación y la violencia.
En este espacio se pudo identificar que como zonas de origen sólo figura Guanay y como tránsito, Caranavi, mientras que todos los municipios y sub-municipios recorridos (Guanay, Mapiri, Santa Rosa de Mapiri, Mayaya y Caranavi) son zonas de destino.
En cuanto a las zonas de origen, se ha registrado 15 zonas como: Rurrenabaque, San Borja, Trinidad, Reyes, Guayaramerín, Mapiri, la comunidad Leco de Yuyo, Apolo, Pelechuco, Chuma, Sorata, Patacamaya, Caranavi, valles altos de Cochabamba y valles de Potosí.
Los datos obtenidos muestran que las zonas de origen (y, por tanto, de captación) se ubican sobre todo en otros departamentos, siendo Beni una de las principales. Sin embargo, también es evidente que existe un fuerte movimiento local al interior del propio norte paceño, y esto es relevante desde las otras zonas de explotación aurífera.
Es destacable también que entre las zonas de origen se encuentre una comunidad indígena originaria, Yuyo (del pueblo Leco), que lleva a preguntarse cómo están experimentando estos grupos sociales la marginación económica que, entre otras cosas, se viene recurriendo a la Escnna como alternativa de sobrevivencia.
El documento de más de 110 páginas emite varias recomendaciones al Estado boliviano, entre las que enfatiza en la necesidad de que el Consejo Plurinacional contra la Trata y el Tráfico de Personas impulse a los Consejos Departamentales de los municipios de producción minera, especialmente, a que aborden los delitos conexos con acciones de prevención, protección y persecución.
La trata de personas o trata de blancas, conocida hoy en día como la “esclavitud del siglo XXI”, es un delito que atenta contra los derechos humanos pues vulnera la esencia misma de la persona: vida, libertad, integridad y dignidad. Consiste en el traslado forzoso o por engaño de una o varias personas de su lugar de origen (ya sea a nivel interno del país o transnacional), la privación total o parcial de su libertad y la explotación laboral, sexual o similar siendo un proceso que continúa con la explotación del mismo.
FUENTE El Diario
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