Y no es que falten inversionistas, pues hay muchos que están expectantes de cambios que puedan aplicarse al rubro de la actividad minera, pero lo que falta son medidas apropiadas para garantizarlas y facilitar su inclusión en planes de una reactivación minera que se traduzca en impulsar nuevos emprendimientos.
Son varios años en que no se ha producido ningún aporte privado y menos estatal que favorezca al sector de la minería y metalurgia en el departamento de Oruro, estos dos rubros son parte de proyectos en desarrollo que necesariamente se cumplen en el orden productivo "tradicional", nada nuevo que implique una esperanza renovadora de nuestra minería. Los planes de prospección y exploración, incipientes aún, no avanzan en la expectativa deseada simplemente por falta de recursos económicos que provenientes de las regalías mineras, son una mínima contribución a la dimensión de buscar, encontrar y trabajar nuevos yacimientos, efectivamente productivos.
En el sector privado la cuestión está pendiente, por ejemplo, de la aprobación de un reglamento a la Ley 535 de minería y metalurgia que sirva para atraer capitales y garantice las inversiones, como una forma directa de impulsar nuevos proyectos que no podrán ejecutarse dependientes de la administración estatal.
Una serie de hechos que se han producido anteriormente, pero algunos que son parte de recientes ponen en duda las garantías ofrecidas al sector privado cuando se producen algunas situaciones irregulares que ponen en riesgo la propiedad particular, ante avasallamientos de algunos sectores que rechazan la actividad minera, aunque se observa que el interés de muchos comunarios es la de convertirse en mineros, pero aprovechando inversiones privadas. El caso de algunas cooperativas, confronta también incursiones irregulares, que ponen en duda el interés de invertir en minería.
Hay también otros factores negativos que inciden de manera determinante en la posibilidad de favorecer inversiones, las que no se concretan cuando el Gobierno anuncia medidas que alteran futuros proyectos, al disponer pago de doble aguinaldo, impuestos desproporcionados, fuertes sanciones tributarias, economía competitiva informal y otros elementos que, analizados por inversionistas, son la causa para postergar inversiones.
Este es un problema muy serio en lo que corresponde a la minería, pues las condiciones implícitas del negocio, ya son parte de un riesgo que tratado en toda su magnitud, "asusta" a cualquier inversionista, de ahí que es necesario que las autoridades observen esa situación y trabajen en la regular disposiciones que abran las puertas a emprendedores mineros.
FUENTE Perspectiva Minera
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