Desde hace tiempo atrás mineros cooperativistas han ido ocupando sitios o parajes en lavaderos de oro, en márgenes de algunos ríos en zonas del distrito paceño, donde el negocio aurífero ha ido tomando proporciones inesperadas, pues al anoticiarse de las posibilidades de lograr buenas cantidades de oro, mucha gente, inclusive alguna que nada tiene que ver con la actividad minera, se ha convertido en promotora del negocio, incluyendo gente extranjera, el caso de ciudadanos chinos, colombianos y peruanos.
El hecho es que esos nuevos contingentes se mimetizan entre mineros de varias cooperativas y disponiendo de algunas inversiones se convierten en empresarios del negocio aurífero. El comprobar que en ciertos lugares obtener oro es más fácil que en otras, ha generado acciones de avasallamiento de propiedades mineras en manos de particulares, al extremo que se han producido serios enfrentamientos entre comunarios de algunas comunidades, que en defensa de sus terrenos y del derecho de explotar sus riquezas, han rechazado a los mineros, los que a su vez han defendido posiciones, argumentando ser poseedores de autorizaciones oficiales para desarrollar actividad minera.
Arcopongo ha sido uno de los últimos ejemplos sobre este proceso irregular, que ha despertado una verdadera "fiebre del oro", hasta llegar a los enfrentamientos que han cobrado una vida y han causado varios heridos. El hecho es que se han utilizado armas de fuego y la situación en tales condiciones es sumamente peligrosa para quienes son parte de poblaciones, que hasta hace algún tiempo eran de actividad agraria en mayor porcentaje y generalmente los hijos jóvenes se dedicaron al lavado de oro, no por casualidad, sino por la presencia e incitación de los "eventuales buscadores de oro".
El hecho es de conocimiento de las autoridades de minería, incluso del ministerio cuyo titular, dejó entrever su posición de apoyo a los mineros, señalando que "la explotación de oro en esa zona (Arcopongo) deja regalías mineras para la región, situación que debía explicarse a los dirigentes de la comunidad para evitar nuevos enfrentamientos, y formalizar indirectamente el trabajo de más de 300 personas agrupadas en cooperativas, que por su parte movilizaron inclusive equipo pesado para la explotación de oro a orillas del río Chaquety.
Por la gravedad y peligrosidad de los hechos, se ha dispuesto presencia policial, además de mencionarse la realización de un actuado legal en la localidad de Inquisivi, donde se formalizarán las denuncias y se dispondrán medidas contra los responsables de los hechos violentos. Los comunarios rechazan la presencia de cooperativistas mineros y estos reclaman el derecho de trabajar, asegurando que tienen la autorización pertinente. En tanto la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), no aclara su posición respecto a permisos de explotación aurífera, limitándose a buscar un diálogo entre cooperativistas mineros y los vecinos de Arcopongo.
El hecho es que el metal dorado es la causa de enfrentamientos entre bandos que defienden sus posiciones, dicho sea de paso, legales en las dos instancias, por lo que el caso merece una solución acorde a las circunstancias, entendiendo que los recursos naturales deben ser explotados, luego de tener consentimiento comunitario, además de cumplir normas que no afecten el medio ambiente, pero tampoco afecten la propiedad privada y derechos ciudadanos.
FUENTE Perspectiva Minera
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