“La Procuraduría quiere que me inicien un proceso para ocultar la desastrosa defensa que ha hecho muy mal en contra de Quiborax en el laudo arbitral”, afirmó.
El Gobierno “me acusa de haber nacionalizado una empresa chilena y de haberla expulsado porque no cumplía las leyes” bolivianas replica Carlos Mesa al proceso iniciado por la Procuradoría General del Estado después de que perdió un laudo con la empresa chilena Quiborax.
El vocero de la causa marítima, en entrevista con Página Siete, afirma que el Ejecutivo busca ocultar con esa acción el “estrepitoso fracaso” de las “pésimas negociaciones” del equipo legal boliviano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en el caso Quiborax.
“Están tratando de ocultar su estrepitoso fracaso en una pésima negociación en la que Bolivia pierde 48 millones de dólares, no por la decisión que yo tomé de llevar adelante la expulsión de una empresa chilena sino porque una empresa que ha invertido menos de un millón de dólares cuando estuvo trabajando en Bolivia ahora va recibir 48 millones de dólares porque durante cinco años todo el proceso administrado por la Procuradoría del gobierno de Evo Morales no ha tenido la capacidad de defender los intereses de Bolivia”, dijo.
Mesa salió al frente después de que el 22 de mayo de 2018, la Procuradoría General del Estado (PGE) solicitó a la Fiscalía el inicio de una investigación por presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica contra el expresidente.
El expresidente considera que se le está enjuiciando por recuperar para el Estado la costra del salar de Uyuni con la anulación de la “ley Valda” que había reducido el espacio de propiedad fiscal de la costra salar de Uyuni para permitir el ingreso de empresas que explotaran arbitrariamente los recursos, entre éstas la chilena Quiborax.
Con el laudo a su favor, la empresa chilena ganará 570% veces más de la que invirtió en el tiempo que estuvo en el país.
El expresidente también observó que se lo acuse por haber nacionalizado a una empresa chilena y haberla expulsado porque no cumplía con las normas ambientales, defraudaba tributos al Estado y declaraba sólo la mitad de la ulexita que exportaba.
Dijo que el procurador general, Pablo Menacho, miente al decir que el Decreto de reversión -aprobado por Mesa- de las concesiones era ilegal, porque no se habrían cumplido los plazos para hacer las auditorías y que esas irregularidades generaron una acción en contra del Estado.
“Tengo el informe del CIADI sobre la controversia, sobre esto qué dice Bolivia y que contradice radicalmente lo que afirma el Procurador: el Estado boliviano argumenta que el decreto de revocatoria, es decir mi decreto, se adoptó sobre la base de la Ley 2564 y no es ilegal. ¿Qué dijo, el Procurador? que mi decreto es ilegal (..)”, añadió Mesa.
Remarcó que la reversión de las concesiones fue un acto legítimo. “Tanto el decreto de revocatoria como las declaraciones de nulidad de las concesiones, son parte de una misma reacción del Estado. Fueron actos legítimos y adoptados en aplicación del derecho boliviano ante las ilegalidades en las concesiones mineras de los demandantes”, cita otra de citas textuales de la defensa que Bolivia a través de la Procuraduría presentó ante el CIADI y que fue mostrado ayer por Mesa a Página Siete.
En su criterio, las contradicciones reflejadas por la Procuraduría, sólo pretenden deslindar el fracaso en la defensa del Estado en el laudo arbitral y responsabilizarlo sobre un acto legítimo de nacionalización contra una compañía “pirata” que operaba en el salar.
También aclaró que el ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, siguiendo la línea de nacionalización de la empresa Non Metallic, hizo una corrección de forma y ratificó lo que su Gobierno decidió hacer en 2004.
En diciembre pasado, el Estado boliviano solicitó la anulación del proceso arbitral por el cual se le ordenaba a pagar 48,6 millones de dólares. Sin embargo, la decisión final del CIADI determinó: “Desestimar en su totalidad la solicitud de anulación”, señala un documento publicado en su web el 18 de mayo.
Al respecto, el procurador Menacho anunció el jueves por la noche que se le seguirá un proceso penal al exmandatario Mesa y a tres de sus ministros por los delitos de resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
El procurador argumentó que el 9 de diciembre de 2003 se emitió la Ley 2564 que facultaba al entonces Poder Ejecutivo (de Carlos Mesa) llevar adelante seis auditorías en un plazo de 60 días y que debían entregarse el 9 de febrero del 2004.
La controversia surgió durante el gobierno de Mesa, quien mediante Decreto Supremo 27589, de 23 de junio de 2004, anuló las concesiones mineras de una empresa boliviana, Non-Metallic Minerals SA, en la que Quiborax de Chile tenía participación. Debido a esa situación, la compañía extranjera interpuso una demanda arbitral ante el CIADI dependiente de Banco Mundial.
Oposición: La Procuraduría es la responsable
Legisladores de oposición afirman que la Procuraduría es la responsable de que Bolivia haya perdido el litigio internacional contra la empresa chilena Quiborax porque no realizó una buena defensa.
El diputado Wilson Santamaría (UD) sostuvo que si bien fue en la gestión de Carlos Mesa se traspasó Quiborax al Estado, fue en los 12 años de Gobierno del presidente Evo Morales que se desarrolló el arbitraje.
“Aquí quien debe dar explicaciones es el primer Procurador, Héctor Arce, a él se tiene que preguntar qué hizo para garantizar la defensa del Estado”, señaló.
En la misma línea, el senador Edwin Rodríguez (UD) manifestó que “por la inoperancia de la Procuraduría el Estado, debe pagar una millonada. La Procuraduría era la encargada de poder recuperar, el gobierno tuvo 12 años y no hizo nada”, afirmó.
Pero en criterio del jefe de bancada del MAS, el diputado David Ramos, el responsable es el expresidente Mesa “porque él no realizó las auditorías técnicas, jurídicas y económicas para establecer con claridad de qué manera estaba definida las reservas fiscales del salar de Uyuni”.
Punto de vista
Ronald martin Experto en arbitraje
Norma de Mesa y Veltzé son válidas
No olvidemos que en septiembre de 2015 un tribunal arbitral dictó un laudo y condenó a Bolivia a pagar 48 millones de dólares por la vulneración del tratado de protección a las inversiones.
Dicha vulneración puede resumirse en el hecho de que durante el Gobierno del presidente Carlos Mesa se emitió una ley que ordenaba anular las concesiones mineras en el salar de Uyuni, incluida las de Non-Metallic.
Luego sobrevino un decreto del propio presidente Mesa de revocatoria de las concesiones y después otro decreto del presidente Rodríguez Veltzé, derogando el anterior. Todo esto fue interpretado por la demandante y por el tribunal como una expropiación de la inversión de esta empresa condenando a nuestro país al pago mencionado (...).
En la reversión de las concesiones hay varios elementos y actores, primero está la Ley Valda 1854 que, al reducir el área de reserva fiscal del salar de Uyuni, da pie al otorgamiento de concesiones mineras.
Luego el propio Congreso de la República, en 2003, mediante Ley 2564, amplía nuevamente el área de reserva fiscal del salar, lo que da paso al Decreto Supremo 27589, de revocatoria de las concesiones que luego es derogado por el Decreto Supremo 28527, que tiene las mismas consecuencias prácticas que la norma original, la reversión vía anulación de las concesiones. Por ello, cualquier demanda será muy compleja porque hay que tener en cuenta que bajo el principio de legalidad se presume que la norma del presidente Mesa, era y es legal al igual que del doctor Veltzé. La única autoridad que puede determinar si estos decretos fueron o no legales o inconstitucionales es el Tribunal Constitucional. Conocemos que el Tribunal Arbitral tiene su propia opinión respecto a estos decretos, pero eso no significa que se deban omitir los mecanismos internos para determinar su validez.
FUENTE Página Siete
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