El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, aseveró hoy que el expresidente Carlos Mesa, tuvo la ley de su lado para anular concesiones de la empresa chilena Quiborax y que a pesar de haber promulgado leyes y decretos para hacerlo no lo hizo.
Hoy el Estado debe pagar más de 48,6 millones de dólares para indemnizar a Quiborax por la reversión, en 2004, de las concesiones mineras que tenía en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita.
La autoridad explicó que en mayo de 1986 el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro declara reserva fiscal gran Salar de Uyuni, con el Decreto Supremo 21260, Una una extensión de más 2,362.000 hectáreas, perímetro que prohibía concesiones al interior del Salar, pero en el gobierno de Hugo Banzer Suarez y Jorge Quiroga, a solicitud del senador Gonzalo Valda del MIR se plantea la ley 1854 de abril de 1998 que reduce el perímetro a 1,344.000 que es la costra salina, se redice un millón de hectáreas.
Entonces usando tráfico de influencias, el exfuncionario del Ministerio de Minería, David Moscoso y accionista mayoritario de la compañía Rio Grande obtuvo las concesiones mineras de ulexita en el delta del Rio Grande del Gran Salar de Uyuni y que fueron vendidas a la empresa Quiborax.
El Comité Cívico Potosinista, al igual que la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur, desde el año 1998 al 2000 se movilizan por la reducción de la reserva fiscal, hasta que en diciembre de 2003 en el Gobierno de Carlos Mesa se promulga la ley 2564 que restituye el perímetro del área fiscal donde existen yacimientos de boratos y ulexita.
Es esa ley que obliga al entonces Presidente Carlos Mesa, a realizar auditorias técnica, jurídica, laboral, medioambiental, económica para declarar la nulidad de la concesiones del área, para lo cual se dio un plazo de 60 días para que el Estado boliviano recupere concesiones. La ley estableció un procedimiento legal para que el Estado recupere las áreas, pero no se cumplieron los plazos.
El expresidente Carlos Mesa en junio de 2004, meses después que deberían realizarse las auditorías técnicas, financieras , y sociolaborales y ambientales dicta el Decreto Supremo 27589, para la caducidad o nulidad de concesiones mediante auditorías que no se cumplieron, pero se incorporó la figura de la revocatoria que no está contemplada en la normativa minera ni anterior o la vigente, por lo tanto se incumplen las leyes que el mismo promulgó.
De forma arbitraria Mesa, emite un decreto supremo revocando las áreas para transferirlas a la Prefectura de Potosí y da a la empresa un plazo de 30 días para que abandone el país y entregue las áreas.
En octubre de 2005 Quiborax demanda al Estado con una base jurídica en el decreto 27589 de junio de 2014 que revoca la titularidad de concesiones en el delta del Salar de Uyuni.
Mesa tuvo las herramientas jurídicas para lograr revertir las concesiones pero no lo hizo y promulgó un decreto que se usó para enjuiciar al Estado.
“La actitud antipatriótica de un boliviano, de un exfuncionario hizo que se beneficie de esta actitud de ex parlamentarios, que prácticamente nos cercenaron los recursos naturales y que dieron el escenario para que otras empresa se beneficien, lastimosamente esta actitud de exparlamentario del neoliberalismo lo que hicieron fue despojarnos del patrimonio y generar un daño económico irreversible para el Estado”, manifestó el Ministro
El 4 de octubre de 2005, la empresa chilena inició el arbitraje y en diciembre de ese año, en el Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, se abrogó ese decreto.
El ministro Navarro recordó que la defensa del Estado evitó que se pagara a la empresa chilena 150 millones de dólares, que fue el monto inicial de la demanda.
FUENTE Misterio de Minería y Metalurgia
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