Los independientes interpusieron un arbitraje ante el Ministerio de Trabajo para verificar si existe o no la relación obrero-patronal, como argumentan.
Un grupo de trabajadores independientes de la mina Chojlla, operada por la empresa International Mining Company (IMCO), intenta apropiarse de las operaciones mineras, denunciaron los trabajadores sindicalizados.
“Somos los únicos reconocidos como sindicato. El sector movilizado atenta con nuestra seguridad laboral, ya no entendemos qué quieren. Primero denunciaron violación a los derechos humanos, luego exigen el pago de beneficios sociales, ahora piden la reversión. Creemos que ellos buscan cooperativizar la mina Chojlla o que pase a manos de ellos en busca de saciar apetitos personales”, denunció Quelión Calle, secretario de relaciones del sindicato IMCO la Chojlla.
La gerente administrativa de IMCO, Mariana Iturralde, informó que en las operaciones que realizan hay tres grupos de contratistas independientes, quienes trabajan en interior mina bajo sus propios horarios y luego les venden el mineral extraído.
Entre ellos está el grupo de la Chojlla y anexos, actualmente movilizados en la ciudad de La Paz; el comité de extrabajadores antiguos y jóvenes; y otro grupo que ya se adecuó a la nueva Ley de Minería y decidieron conformar pequeñas empresas.
En los tres grupos superan los 300 trabajadores a quienes se le paga por el mineral extraído y son compensados de acuerdo con la cotización oficial.
Además está el sindicato de la mina Chojlla, con un total de 60 trabajadores.
La mina, donde se explota wólfram y estaño, está ubicada en el departamento de La Paz.
“La empresa suscribió en 1991 un convenio con los trabajadores de ese entonces que señala que la relación obrero-patronal cesa, tras la relocalización a causa de la caída del precio de los minerales. Entre las cláusulas indica que el mantenimiento y la administración del campo como tal estaba a cargo de ellos como extrabajadores y que desde esa fecha se entabla una relación comercial”, explicó Iturralde.
El origen del conflicto nace en 2015, cuando los mineros de Chojlla y anexos reclaman derechos y el pago de beneficios sociales con el argumento de que aún se tiene la relación obrero-patronal.
Y es cuando nace el laudo arbitral que fue interpuesto ante el Ministerio de Trabajo, instancia que definirá la existencia o no de una relación obrero-patronal.
“Tras demostrar de que IMCO no incurrió en ninguna afectación contra los derechos humanos de esos trabajadores y el hecho de que no pueden demostrar esa supuesta relación obrero-patronal, ahora piden la reversión de las concesiones bajo el argumento que no se cumple la función social económica”, observó Iturralde.
La posición de los contratistas
El secretario de Conflictos de trabajadores independiente de la Chojlla y anexos, Luis Mamani, afirmó que ellos tienen derechos sobre las operaciones mineras debido a que trabajan desde 1991 y que desde entonces no se les cancelan los beneficios sociales.
Según el dirigente, la empresa les adeuda desde que abandonó sus operaciones (1991), y ahora les cortaron la luz y no les dejan entrar a las bocaminas ni a sus viviendas, instaladas en el campamento.
“Ellos (IMCO) dicen que somos trabajadores independientes, jucus, avasalladores, cooperativistas. Quién es el avasallador, en 1991 la empresa dejó las áreas de trabajo al municipio. Nosotros hemos continuado con las operaciones pese a la caída de precios y nuestros padres también trabajaron sin pago de beneficios sociales”, aseguró el dirigente del sector en conflicto.
El laudo arbitral
Acusación Los trabajadores independientes denunciaron que Mariana Iturralde, gerente administrativa de IMCO es sobrina del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, pero ella desmintió esa versión con una certificación.
Instancia Los trabajadores independientes interpusieron un laudo arbitral ante el Ministerio de Trabajo, el que está constituido por un árbitro patronal, un árbitro representando al Sindicato Minero Chojlla y Anexos y un árbitro del Ministerio.
Fallo La instancia definirá la existencia o no de una relación obrero-patronal. Los contratistas argumentan que sí tienen; por lo tanto, se les debe pagar los beneficios sociales que datan de años anteriores. La instancia elaborará un informe de acuerdo con sus tiempos de trabajo.
Punto de vista
Héctor Córdova Expresidente de Comibol
El problema exige otro plano de negociación
La empresa IMCO SA viene trabajando en la zona de Chojlla desde 1918, explota minerales de wólfram y estaño. La compañía cambió de dueño varias veces; actualmente la familia Iturralde es la propietaria mayoritaria.
Aunque el convenio de 1991, entre la empresa y sus extrabajadores, es muy claro respecto a la relación laboral entre ambos, no es menos cierto que la empresa ha logrado sus beneficios a partir del trabajo de esas personas. También a partir del valor de un mineral que, constitucionalmente, no le pertenece –es del pueblo boliviano. Además, la atención prestada por la empresa al bienestar de los trabajadores ha sido mínima.
El hecho de que los trabajadores independientes pidan beneficios sociales no es legal y que la relación establecida en el convenio siga vigente, tampoco es legal.
El hecho de que haya persecución policial contra los dirigentes es legal; pero provocativa y rompe la posibilidad de diálogo, pues muestra a los trabajadores que el espacio de concertación es los tribunales de justicia y no un espacio más amistoso.
El problema entre los independientes e IMCO no se resolverá en el plano legal, debido a que el problema no es legal, sino social y esto exige otro plano de negociación.
La falta de relación laboral entre los trabajadores y la empresa invalida varios recursos que podrían ponerse en marcha.
FUENTE Página Siete
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