Mujeres, niños y trabajadores mineros son sometidos a una vida infrahumana por la empresa internacional Mining Company SA (IMCO SA) en el centro minero la Chojlla del departamento de La Paz, denunciaron ayer la delegada defensorial Teresa Subieta y la diputada Sonia Brito.
Una comisión interinstitucional —conformada por la Comisión de Derechos Humanos de la Brigada Parlamentaria de La Paz, la Delegación Defensorial paceña, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC)— evidenció el martes esos extremos, junto a varios medios de comunicación.
Una vez en el lugar, la comitiva esperó por más de media hora la autorización para hacer su recorrido, recoger testimonios de los trabajadores y de las familias.
“La comisión ha podido fehacientemente testificar en sitio la conculcación de la Constitución Política del Estado (…) no tienen derecho a una vivienda adecuada, al acceso universal equitativo de agua potable, alcantarillado, electricidad, postas sanitarias, así como el derecho a la dignidad de la persona”, manifestó Subieta.
Testimonios de distintas mujeres, que prefirieron mantener en reserva su identidad, señalan que no hay un regular acceso a la educación porque los profesores no tienen dónde vivir, el sistema de salud es limitado, están obligados a consumir agua de pozos, les cortan la electricidad cuando quieren y se les prohíbe hacer mejoras bajo amenaza de echarlos del centro minero.
“Nuestros hijos tienen anemia porque no nos dejan que compremos alimentos; la doctorita nos ha dicho que otros están desnutridos. Los profesores no quieren venir porque no hay dónde vivan, todo se está cayendo. No dejan que compremos alimentos para cocinar, la luz nos cortan cuando les da la gana y no tenemos agua potable”, manifestó una mujer.
La Delegada Defensorial dijo que la comisión interinstitucional no cesará hasta que se restituyan los derechos de esas familias.
“Es una situación infrahumana a la que están sometidas esas familias en pleno siglo XXI; eso es indigno. Las heces fecales recorren por sus viviendas; no podemos permitir que una empresa extranjera conculque los derechos humanos de nuestros hermanos, sean asalariados o no”, precisó Subieta.
SENTAR SOBERANÍA
La diputada Sonia Brito adelantó que una vez que concluyan el informe de la inspección a Chojlla impulsarán una acción conjunta entre todas las entidades del Estado para sentar soberanía y poner fin a esa violación de derechos humanos por parte de la empresa Mining Company SA en esa población minera.
“Si uno no está en el lugar no podrá comprender la magnitud psicológica que debe ser asumida por los niños que están viviendo en condiciones inaceptables. Urge sentar presencia del Estado en la mina Chojlla”, precisó la asambleísta.
FUENTE Cambio
Comentarios
Publicar un comentario