AJAM acelera más de 220 nuevos contratos mineros en todo el país

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), a través de su director ejecutivo, Erik Ariñez, informó ayer jueves de la reciente promulgación de seis leyes para la vigencia de 117 contratos administrativos mineros a la par que envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) otro paquete de 110 nuevos contratos. Sin embargo, reconoció que el proceso de adecuación no avanza con la misma celeridad.

"Han llegado 117 contratos administrativos en seis leyes, ayer fueron promulgas las leyes (por el presidente) que pueden realizar la actividad minera con la debida autorización. Deben ser publicados en la Gaceta oficial, el interesado debe protocolizar y emprender la actividad", explicó en la Rendición de Cuentas de la AJAM.

El funcionario de la AJAM explicó que los 117 contratos administrativos mineros son nuevos y no adecuaciones.

"En nuestro territorio hay diferentes áreas consideradas áreas mineralógicas y si es área libre que no está ocupada por otro actor productivo minero, el interesado que puede ser una empresa privada, una cooperativa o empresa estatal debe hacer la solicitud de suscripción del contrato", manifestó.

El ejecutivo aseveró que los 117 contratos fueron otorgados en áreas libres, que puede que también estén en Áreas Protegidas, pero que para eso tuvo que haber una previa autorización del Sernap. También informó que se envió otro paquete de 110 contratos administrativos mineros que se enviaron para su aprobación a la ALP.

De los 110 contratos, 53 fueron solicitados en La Paz; ocho, en Santa Cruz; 11, Tupiza - Tarija; 10, en Cochabamba; tres, en Oruro; y 25, para la regional Potosí y Chuquisaca.

"Estamos dinamizando la suscripción de contratos administrativos mineros, tratando de ser ágiles y tengamos una actividad minera dinámica", explicó.
ADECUACIONES

En cuanto al proceso de adecuación de las viejas concesiones mineras a la Ley 535 de 2014, el director de la AJAM mencionó que 4.534 concesiones están en la posibilidad de adecuarse a la norma.

"El proceso de adecuación que consiste en reconocer los derechos preconstituidos al actual marco normativo de la Constitución Política del Estado y la ley 535, hay 4.534 posibilidades de que puedan adecuarse a la norma, hemos hecho toda una logística, hemos construido un formulario para que los actores productivos mineros pongan sus datos y podamos presentar", explicó.

Afirmó que hubo un proceso de socialización y capacitación que consistió en 35 eventos en diferentes puntos del país. Citó que para agilizar el proceso de adecuación incluso se clasificó en cinco grupos de adecuaciones y se hizo un cronograma.

"En la clasificación de adecuación rápida hay 418; adecuación directa 1.259; adecuación regular 885 titulares, especial 763 titulares, y 26 en áreas mineras observadas", especificó.

Como atribuciones de la AJAM también mencionó que hasta el momento se revirtieron a favor del Estado 673 concesiones mineras privadas que no tenían actividad ni inversión y, por lo tanto, fueron consideradas improductivas.

Las concesiones mineras que no están activas o no cumplen ninguna función económica social son revertidas al Estado, en el marco de la Ley 403 de Reversión de Derechos Mineros, promulgada el 18 de septiembre de 2013.

Minería ilegal

La actividad minera ilegal en el país motivó en 2017 a la AJAM a realizar 20 operativos en cinco departamentos, en coordinación con las FF.AA. de los que resultaron 127 personas aprehendidas. De los hechos que involucró a ciudadanos chinos se pretende determinar si hay algún nexo con alguna empresa asiática o solo se trata de vínculos entre personas naturales.

Respectó a si se confirmó que detrás de esta actividad opere alguna empresa china, Ariñez dijo que hasta el momento se conoce que hubo tratos entre nacionales y chinos en calidad de personas naturales que decidieron explotar de manera ilegal en zonas libres; es decir, áreas fiscales sin derechos mineros.

Confirmó que en medio de la actividad ilegal se evidenció capital chino involucrado. Advirtió que la actividad de minería ilegal provoca perjuicios económicos y daño ambiental porque lo que genera en ganancias va para beneficio de la persona, pero cuando se hace de manera legal por la exportación se paga una regalía minería en favor de municipios.

FUENTE El Potosí

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