La reestructuración de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), anunciada por el gobierno hace más de dos años atrás, continúa como proyecto mientras algunas minas producen a pérdida, otras apenas se sostienen y no faltan las que generan millonarios gastos. Hoy se recuerdan 65 años de la nacionalización de las minas, realizada el 31 de octubre de 1952 por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, quién firmó el decreto de estatización en el campo de María Barzola en Catavi (Potosí). Inicialmente se consideró una medida revolucionaria que ayudaría a que el país controle el principal rubro económico nacional, pero el resultado fue decepcionante.
La disposición legal de nacionalización, además creaba la empresa minera estatal Comibol, que entre sus principales características, incluía el control obrero que permitía a los sindicatos participar en la administración de las minas más grandes arrebatadas a Simón Patiño, Hoschild y Aramayo.
Desgraciadamente, desde un comienzo se confrontaron problemas diversos, entre ellos carencia de capital, equipo, maquinaria, tecnología y lo más importante, calidad de gestión, entorpecida por el poder sindical. Bolivia figuraba entre los tres países con mayor producción mundial de estaño, pero pronto dejó su lugar a otros debido a una caída vertical de la producción y a altos costos de operación, con miles de obreros que operaban a media fuerza, con salarios bajos y condiciones insalubres, factores que hicieron de la Comibol una empresa con un déficit crónico.
No es la primera metamorfosis que sufre esta empresa estatal. Los militares la modificaron en la década de 1970. El MNR la liquidó en 1987 y la dejó como empresa residual. El actual gobierno, en 2006 aprobó una nueva estrategia de desarrollo económico y social mediante Decreto Supremo 29272 que puso en vigencia el Plan Nacional de Desarrollo "Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien", y sobre esa premisa se refundó la Comibol.
Entre otros objetivos, el plan tenía la misión política de "desmontar el modelo de desarrollo concebido desde el colonialismo y el neoliberalismo, y cambiar el patrón de desarrollo primario exportador", para lo cual se decidió aplicar un nuevo marco jurídico normativo para el desarrollo integral de la minería, con la participación del Estado como protagonista y promotor del desarrollo de la Minería y Metalurgia.
Pero el resultado ha sido totalmente opuesto y frustrante. Nada se cumplió y solamente quedaron las buenas intenciones en los papeles. El propio ministro de Minería Cesar Navarro, reconoció que la Comibol vive del alquiler, cuenta con 70% de su personal netamente administrativo, "y por tanto no puede dirigir la cadena productiva, sino administrar contratos".
La empresa Huanuni, que tiene el más grande yacimiento del país, es un ejemplo de la mala administración, cuenta con 3.500 trabajadores, casi el triple de la mina de Colquiri, que tiene 1.200 trabajadores. Las empresas mineras privadas con menos de 900 trabajadores, producen más que todo la Comibol. Inclusive las cooperativas mineras producen más. El desastre es de tal magnitud en Huanuni, que el gobierno anunció la aprobación de un decreto supremo para otra «refundación» de la Comibol para que tenga la potestad de controlar y participar en la cadena de producción y comercialización de minerales.
¿Podrá este nuevo esquema que se anuncia ser eficiente? Probablemente esta idea esté fundamentada con un criterio de expertos, y ojalá se hubiesen tomado en cuenta las bases sobre las que debe operar una empresa, que requiere un funcionamiento sistémico, vocación económica, y hacer una actividad competitiva. Las Ciencias de Administración y Gestión dan muchas pautas para hacer eficiente a una empresa. La tecnología se impone, y sus avances hoy ofrecen un amplio horizonte de retos y oportunidades.
La globalización ha establecido campos de acción bien definidos que dejan sin oportunidades a las precarias formas de producción del siglo pasado que rigen todavía en la minería estatal boliviana. Con los actuales márgenes de competitividad las minas estatales están fuera de competencia. Las empresas mineras privadas en Bolivia son rentables pese a las cargas impositivas y presiones, y operan con el 10% de los empleados de las minas estatales.
Lamentablemente, algunos proyectos estatales tropiezan con obstáculos previsibles que luego representan costos adicionales y tiempo perdido. Pero especialmente la mina de Huanuni se ha convertido en un caso emblemático de cómo no debe administrarse una empresa, ya que está en conflicto permanente. Ni los altos precios de los minerales que en determinado momento alcanzaron records; ni el apoyo estatal en equipo, maquinaria e inversiones pudieron hacerla rentable, y después de 11 años de su reestructuración a cargo del gobierno actual, va de tumbo en tumbo y obligando a otra refundación de Comibol.
FUENTE Jornada
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