Décadas de contaminación: ríos cargados de metales pesados recorren las comunidades de Oruro en Bolivia

El color plomo de las aguas del río es lo primero que llama la atención al llegar a Huanuni. Aunque impresiona más ver cómo, sin pausa, sale de la mina estatal del mismo nombre una especie de barro negro directamente al río, formando una montaña que una pala mecánica desmonta y carga sobre un camión, una y otra vez.

Ese material, combinado con el agua, es el que contamina el río Huanuni, cuyas aguas abastecían la actividad agropecuaria de más de 50 comunidades que pertenecen a cinco municipios de ese departamento. Esto los llevó a organizarse en 2006 en una coordinadora para exigirles a las autoridades una solución a un problema que afecta a sus cultivos y a su ganado.

Tras varias movilizaciones, en 2009, lograron que el gobierno declarara Emergencia Ambiental en esa cuenca y obligara a la empresa minera más grande de estaño de Oruro a construir un dique de colas (lugar de depósito de residuos del procesamiento de minerales) para detener la contaminación. Tenían hasta el 2011 para hacerlo. Han pasado ocho años y aún no han cumplido. Los comuneros organizados no han parado de exigir y recién, hace dos semanas, les informaron que el dique funcionará a partir de agosto de este año.

Mientras tanto, la migración en las comunidades afectadas no cesa porque sobrevivir en ellas es cada vez más difícil. Los pobladores denuncian que las tierras de cultivo más importantes se perdieron, que su ganado ha disminuido y que la pesca también ha sufrido las consecuencias. Los comunidades siguen esperando acciones de las autoridades para revertir la situación.

Conviviendo con la contaminación

En el departamento de Oruro hay una disputa por el uso del agua para actividades como la minería, la pesca, agricultura, ganadería aparte del consumo humano. Pero según Pablo Flores, mallku (autoridad indígena) de Poopó, los mineros se llevan la mayor parte, “peor con la nueva Ley Minera (de 2014) que les ha dado más ventajas”.

La minería se instaló y se mantiene en las cuencas de Oruro como la principal actividad, a pesar de la contaminación que producen y que data, según algunos autores, del período de la colonia. Varios estudios señalan que la cuenca más afectada es la del Poopó —conformada por las subcuencas Desaguadero, Sora Sora, Huanuni, Poopó, Antequera, Peñas, Pequereque, Tacagua y Azanaques— donde se ha degradado la calidad de las aguas superficiales porque están saturadas con residuos mineros que no han logrado ser asimilados por la naturaleza. En 2008, un estudio de la Universidad Técnica de Oruro identificó al menos 300 operaciones mineras entre grandes, medianas, pequeñas además de cooperativas en esa región.

A inicio de la década del 2000, varias comunidades y organizaciones sociales se pronunciaron contra la contaminación minera y urbana. Para aunar esfuerzos, en 2006, conformaron la Coordinadora en defensa de la cuenca del río Desaguadero y los lagos Uru Uru y Poopó (Coridup), que se consolidó en 2007 en un congreso que agrupó a más de 80 comunidades campesinas de las provincias de Cercado, Dalence y Poopó del departamento de Oruro, territorios donde se desarrolla una actividad minera metalúrgica.

Si bien muchas de estas comunidades son agromineras, en las últimas décadas, la afectación de la contaminación a la producción agropecuaria es insostenible, según un reporte de 2013 de la Liga de Defensa del Medio Ambiente. “Los años anteriores al 2010, (…) fueron de repunte de la intensificación de las operaciones mineras y, por tanto, de la contaminación a gran escala en la cuenca Uru Uru-Poopó, situación empeorada por la baja aplicabilidad de las normas ambientales y la reticencia del sector minero en general de implementar medidas de prevención y control”, señala el investigador Marco Octavio Rivero en ese reporte.

Por eso la meta principal de la Coridup es defenderse y frenar la contaminación ambiental que afecta a las comunidades, que impacta sus condiciones de vida y sus posibilidades futuras de desarrollo socioeconómico, básicamente, por la progresiva degradación del entorno natural que habitan.

Con el apoyo de la ONG Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA) y tras una serie de acciones y denuncias, en 2009, la Coridup logró que se declarara una Emergencia Ambiental, que fue decretada como una: “Situación de Emergencia de carácter Departamental, debido a la inminente afectación a la salud humana y la seguridad alimentaria ocasionadas por la prolongada presencia de contaminación y salinización de los suelos del área de influencia de la Sub-Cuenca Huanuni del Departamento de Oruro”.

En ese decreto el gobierno reconoce la gravedad de la situación y ordena a la Gobernación de Oruro (por entonces Prefectura) y a los municipios afectados a ejecutar planes y proyectos para detener la contaminación, además de trabajar en la mitigación y la remediación ambiental en la subcuenca Huanuni y el río San Juan de Sora Sora, principalmente.

Pero en el 2013 el problema persistía. Por eso, tras varias movilizaciones de protesta de la Coridup, se realizó una reunión de evaluación entre comuneros y autoridades de gobierno. En esta se reconoció que la empresa Huanuni aún no había construido el dique de colas previsto para el 2011. También se estableció que la minera estatal no cumplió con abastecer de agua potable a las 42 comunidades que necesitaban el recurso para sus campos de cultivo. Solo cuatro fueron atendidas. Poco cambió el panorama desde entonces, le dice a Mongabay Latam, Ángel Flores, presidente de la Coridup.

“En 2006, nosotros teníamos mucha esperanza con este gobierno, de que nos apoyaría, pero no. Más se ha ido al extractivismo, ha ampliado la minería”, lamenta Flores, quien no ve un panorama alentador para las nuevas generaciones de las comunidades afectadas.

“Ahora ya no se puede tomar esa agua, por eso muchos han migrado. Antes en una comunidad vivían unos 150 comunarios, ahora solo hay apenas 20 a 30 personas, como no hay agua ya no se puede vivir allí, el terreno ya no sirve para cultivar”, describe el presidente de la Coridup.

Al margen de la ley ambiental

Ninguna autoridad tiene la voluntad de hacer que la minera Huanuni cumpla con la ley, lamenta Ángel Flores. “Las autoridades están conscientes del delito ambiental que está cometiendo la empresa minera Huanuni. Las aguas que bajan desde Santa Elena hasta el lago Poopó son totalmente plomas, no se puede ocultar que tiene una gran cantidad de material suspendido.  A las autoridades no les importa el tema ambiental, solo les interesa cuánto dinero reporta la mina al Tesoro General del Estado”,  manifiesta a Mongabay Latam Jaime Caichoca, miembro del directorio de la Coridup.

Recuerda que el vicepresidente Álvaro García siempre repite que se trata de una empresa social, “solo piensan en los trabajadores mineros pero no en los trabajadores agropecuarios que están saliendo de sus comunidades para buscar otras fuentes de trabajo”, reprochó.

En 2009, tras declarar la emergencia ambiental en la cuenca Huanuni, se estableció entre otros puntos que la minera estatal debía construir un dique de colas. Ya sabemos que esto no se ha cumplido hasta ahora. Y el gerente general de la mina Huanuni, Wiston Medrano, se defiende diciendo que se tardaron por los problemas que tuvieron con los comuneros, “si no hubiéramos sufrido ese retraso ya estaría listo”.

Según el contrato firmado con la empresa constructora, el dique debía estar listo en noviembre de 2016, pero los comuneros de Villa Kollo, lugar donde se construye, impidieron la continuidad de la obra por al menos cuatro meses. Tras una negociación, en la cual la empresa se comprometió principalmente a construir un camino hacia la zona, se retomaron los trabajos que debían finalizar este mes de marzo. Ahora, el nuevo plazo de entrega se ha fijado para fines de julio. Se espera que en agosto comience a operar el dique que tendrá una vida útil de 20 años.

“Cuando entre en operación todas las colas que genera la mina se llevarán a través de un ducto hasta el dique. Ya nada será depositado en el río”,  afirma Medrano.  Para entonces, la minera cerrará el ingenio Santa Elena que actualmente produce 1000 toneladas de estaño por día y comenzará a operar el ingenio Lucianita que alcanzará las 3000 toneladas al día. “Ahí se termina la contaminación. Empezaremos a trabajar en la remediación. Son años de años que no se hizo nada”, dijo Medrano. Se estima que la mina opera desde 1909 o antes.

El río Huanuni lleva años arrastrando los desechos mineros de la operación del ingenio Santa Elena (donde se separa la tierra del mineral utilizando agua), así como el agua ácida también llamada copajira. “Actualmente, las colas arenas, las colas lamas y colas sulfuro van directamente al lecho del río. Eso se suspenderá porque se bombeará directamente hasta el dique en Villa Kollo. Se evacuan aguas de ácido de mina al río. Eso queremos controlar, para eso vamos a construir una planta de tratamiento de aguas ácidas”, aseguró a Mongabay Latam Juan Carlos Sánchez, jefe de Medio Ambiente de la empresa Huanuni.

El líquido es negro y cae constantemente desde lo alto del cerro. Circula por tubos plásticos dentro la mina para luego despeñar en tres piscinas sin que cambie de color al ingresar al afluente.

El líquido se torna plomo oscuro en el río y luego viaja por el cauce a lo largo de la ciudad de Huanuni. A medio kilómetro, más o menos, se canaliza hacia unos pozos donde los “relaveros” (dependientes de la estatal minera) extraen el estaño. Luego echan el agua nuevamente al río, sin ningún tratamiento.

El analista en temas mineros de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, explica a Mongabay Latam que en realidad la minería no consume gran cantidad de agua, la usa y la devuelve contaminada al río. “Muy pocas veces se puede devolver limpia. Cuando se usan reactivos químicos es la responsabilidad del minero procesar el agua para devolverla al ciclo natural. Pero a veces no se hace eso”, dijo.

“Tenemos un plan de medidas correctivas para suspender el trabajo de los relaveros que están más abajo. Se les reubicará para empezar el proceso de remediación”, explicó  Juan Carlos Sánchez.

Toda esta operación minera se realiza en medio de la ciudad, es decir, por donde transitan los habitantes realizando sus actividades diarias, acostumbrados, por cierto, a convivir con el polvo y las aguas contaminadas. Prácticamente, todas las familias tienen al menos a uno de sus miembros trabajando en la mina.

Kilómetros de contaminación

Ya fuera de la ciudad, el río se ensancha y arrastra también basura doméstica. “Eran tierras de cultivos”, dijo Flores, “pero ahora ya no sirven, se quemaron”. Aunque metros más abajo se ven cultivos de papa y haba. “Se riega con agua que se extrae de pozos”, explicó.

A unos 25 kilómetros está la población de Machacamarca, donde la mina Huanuni tiene un ingenio que procesa 200 toneladas de estaño por día. No cuenta con dique de colas ni planta de tratamiento de aguas, todo va al río, describe Ángel Flores.

Esta operación también será cerrada cuando esté funcionando el ingenio Lucianita, se adelanta a asegurar el Jefe de Medio Ambiente de la estatal Huanuni.

En esa parte del río Huanuni se instalaron también cooperativistas mineros que rescatan el mineral que es desechado por el ingenio de Machacamarca.

Según un estudio de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), las poblaciones de Pacopampa y Sora Sora (ubicadas entre Huanuni y Machacamarca) usan las aguas de ese río para el riego de sus cultivos —alfalfa, cebada, haba, entre otros— y para su ganado (vacuno, ovino y camélido).

En 2012,  las ONG Caminar y CEEDI publicaron la investigación Síntesis del Diagnóstico Ambiental de la cuenca del Poopó en la cual revelan que el área de mayor impacto en la cuenca Poopó es la parte Noreste, cuyos ríos están expuestos a altos niveles de contaminación por los metales pesados, el arsénico y las aguas ácidas que son vertidos en ellos. “Un total de 19 ríos son reportados con contaminantes mineros por encima de los límites permisibles, en especial el conjunto cadmio-plomo-arsénico. También reportaron más de 17 millones de toneladas de desechos mineros (colas, desmontes, relaves), en las zonas de Oruro-urbano,  subcuenca San Fe, subcuenca Huanuni-Sora Sora, subcuenca Caravi-Desaguadero y subcuenca Antequera”, según Lidema.  

En el municipio de El Choro, el panorama también es desolador. La comunidad de Santo Tomás  está afectada por la extracción a cielo abierto que realizó por años (hasta 2015) la mina Inti Raymi, utilizando  gran cantidad de cianuro y también grandes cantidades de agua, cuenta Jaime Caichoca, oriundo del lugar. Las aves lacustres han muerto en el sector, entre las afectadas están los patos y las parihuanas (flamenco andino).

“Las comunidades que vivimos aguas abajo hemos pedido que todas las mineras cuenten con medidas de prevención. Todavía no hemos pedido que los suelos sean recuperados. Si cumplieran con las medidas de prevención, el 90 % de la contaminación estaría mitigado”, resalta Caichoca.

En otra comunidad del municipio El Choro, donde vive Ángel Flores, han dejado de producir hortalizas y forrajes. Es un municipio ganadero y cada vez les cuesta más alimentar a sus animales. “Teníamos totorales en el río desaguadero, más arriba hortalizas. El río se ha ensanchado  y contaminado,  y ya no sirve para cultivar. Por eso muchos comunarios se fueron a otros países”, cuenta.

La exigencia también es que draguen los ríos y principalmente el lago Poopó. El mallku Pablo Flores dice que ese lago ahora solo tiene tres metros de profundidad, antes tenía 10. “El pueblo Uru está pidiendo que se limpie el lago. Y estamos preocupados porque poco avance hay con el decreto. Las autoridades no están moviendo las leyes que nos pueden proteger. Apenas estamos sobreviviendo en este momento”, dijo.

La autoridad indígena cuenta que los totorales de su comunidad han disminuido y lo que queda está contaminado, y que prácticamente su actividad pesquera se ha paralizado porque ya no hay pejerrey ni ningún otro pez como solía haber hace cinco años atrás. “El 31 de enero hemos recorrido el lago y no hay agua, no hay peces ni parihuanas”, lamenta.

Las cooperativas contribuyen a la contaminación

Un estudio, realizado en 2008 por la UTO, estableció que existen al menos 300 operaciones mineras entre Huanuni y el lago Poopó. Mongabay Latam busco información en la Gobernación de Oruro y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) sobre cuántas operaciones tienen autorización en la región. A la fecha, no recibió respuesta de ninguna de las reparticiones estatales.

En 2010, la entonces Prefectura realizó un recorrido por los municipios de Pazña, Poopó, Huanuni, Santa Fe, Uru Uru y Desaguadero donde encontraron operando a 25 empresas y cooperativas mineras, de las cuales 16 no contaban con licencia ambiental.

La viceministra de Medio Ambiente, Cinthia Silva, dijo a Mongabay Latam que con la Ley Minera de 2014 toda operación minera debe contar con un contrato que además le exige poseer licencia ambiental, por tanto las empresas y cooperativas que cuentan con la misma están cumpliendo la norma. “No es que desde el ámbito ambiental seamos permisivos y miremos a otro lado”, afirmó Silva y adelantó que el gobierno está trabajando en una solución estructural contra las operaciones ilegales.

En minas que antes eran trabajadas por la Corporación Minera de Bolivia como Morococala y Santa Fe, en Machacamarca, ahora operan los cooperativistas. “Hay algunos legales, otros no. Ahora que son un gran número y están en el poder hacen lo que quieren. La Ley Minera también les ha favorecido. A pesar que hemos hecho observaciones grandes, no nos hicieron caso, igual no más han aprobado”, reclama el presidente de la Coridup.

La remediación: ¿una utopía?

El decreto establece también que las operadoras mineras deben hacerse cargo de los residuos tóxicos que producen. Aunque los pobladores afectados ven con escepticismo que vaya a efectuarse una remediación, principalmente por la actitud de las autoridades que no hacen cumplir la ley y por los mineros que se resisten a obedecer al Estado.

“En el Choro nos dedicamos a la ganadería y hemos perdido nuestros terrenos para cultivos, se han quemado con la contaminación, quién nos va a responder por eso, cómo se van a recuperar esas tierras. Ni los proyectos de dotación de agua para riego se han ejecutado. Todo esto nos desalienta. No hay voluntad para resolver de parte del gobierno”, señala Ángel Flores.

Los afectados saben que se necesita alta inversión de dinero para recuperar las tierras quemadas por la contaminación. Caichoca considera que tiene un alto costo la remediación y que “ni con todo el dinero que han ganado con la explotación de minerales podrán hacerla”.  La misma minera Huanuni dice que tendrá un proceso largo la implementación de un plan de remediación.  El mismo se haría durante los 20 años de vida útil del dique de colas que empezará a funcionar en agosto.

Mientras tanto, los comuneros ven incierto el futuro de sus hijos porque en sus comunidades cada vez hay menos oportunidades para trabajar en la agricultura y la ganadería. Además porque tampoco se desarrollaron actividades productivas alternativas, como se había solicitado a los ministerios involucrados en la declaración de la emergencia ambiental, señaló Ángel Flores. Por como van las cosas, la seguridad alimentaria está comprometida para las más de 500 familias afectadas que en los últimos años se han visto obligadas a migrar a otras comunidades.

FUENTE es.mongabay.com