La minería estatal sigue explotando los yacimientos de los barones del estaño
Se requieren políticas que dinamicen atracción de capitales y nueva tecnología
Destacados expertos en materia de minería exponen criterios coincidentes al señalar que en el país "hay que hacer leyes que permitan la atracción de capitales". Por otra parte lamentan que en un largo periodo se perjudique el avance de proyectos de prospección y exploración, precisamente por falta de políticas apropiadas que definan una adecuada provisión de recursos financieros.
Se admite que estamos en desventaja frente a la competencia de países sudamericanos, los vecinos y otros algo más alejados que desarrollan programas abiertos para captar millonarias inversiones que les han permitido grandes logros en el cumplimiento de mega proyectos minero metalúrgicos.
Sólo en nuestro país existe una posición supuestamente "conservadora" de las riquezas mineras, cuando para cuidarlas lo que se requiere son "claras reglas de juego" a las que deben atenerse los inversionistas, nacionales o extranjeros, de modo que cumplan objetivos concretos para encarar los proyectos que lograsen adjudicarse en alguna modalidad que también debe ser técnica y económicamente aceptable, bajo un estricto reglamento que otorgue garantías y la exigible seguridad legal para fines de mutua confianza, seguridad y beneficios.
Mientras persista esa condición de "extremo celo" sobre una de las riquezas naturales, caso de los minerales, no sucede lo mismo con los hidrocarburos, rubro en el que hay significativas inversiones y un apoyo más abierto de orden estatal generando incentivos naturales para impulsar nuevos emprendimientos, la minería seguirá siendo "furgón de cola", aunque muy cargado de riqueza minera.
Si en las condiciones actuales en que se desenvuelve nuestra minería, es capaz de sobreponerse - así sea coyunturalmente - a la exportación de gas, es fácil colegir que con una política definida, sustentada en parte por el Estado y al mismo tiempo abierta a las inversiones, puede convertirse en el sistema productivo más importante del país, cumpliendo la parte operativa de hacer funcionar "la cadena minera", que tiene muchos eslabones, algunos que deben anularse por obsoletos y reemplazados por otros tecnológicamente renovados, permitiendo recuperar la valía que Bolivia tenía desde su fundación, como país eminentemente minero.
En una entrevista concedida al suplemento "Inversión" el presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros Metalúrgicos de Bolivia, Jorge Lema, sostiene que, a pesar del potencial del país en recursos mineros, Bolivia no está a la altura de los países vecinos en lo que respecta al sector de la minería, por lo que sugiere modernizar las leyes para hacer que la atracción de capitales en este sector sea mayor. Agrega el experto Lema que la falta de inversiones está matando a la minería. El Gobierno tiene que realizar una ley minera que permita atraer capital extranjero, y es que mientras los países vecinos desarrollan leyes para impulsar la minería, en Bolivia no hay avance en lo que respecta a la producción lo que ha hecho que el país pierda el liderazgo como primer productor de estaño.
Por otra parte, el experto y analista minero, Jorge Espinoza Morales, en un artículo de su autoría señala: "A pesar que nuestra minería marcha bien por la reactivación de precios y por el gran desempeño de empresas transnacionales, preocupa profundamente que no exista un solo proyecto en ciernes por la falta de adecuada exploración, lo que pone en duda su sostenibilidad". Espinoza Morales remarca que "la única alternativa es la inversión extranjera que va solo a países con seguridad jurídica y estabilidad tributaria entre otros factores. Todas las nuevas minas se debieron a la inversión privada", recalca. Es más, comenta que resulta sintomático que no se firmó ningún contrato con empresas extranjeras luego de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (2009) que en su artículo 349, inc I indica que "los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo. El numeral II indica que el Estado otorgará derechos de uso y aprovechamiento de recursos mineros. El Art 320 - II dice que, toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas". Una clara alusión a la vigencia de una disposición que no garantiza inversiones, más aún si la Ley 535, no tiene un reglamente que aclare este panorama.
Otra valiosa opinión es la de Dionisio J. Garzón, especialista en geología y temas mineros que en una entrevista al suplemento El Financiero, realiza una evaluación de la política sectorial implementada por el Ejecutivo en 11 años de gestión, así como de la situación de los proyectos estatales iniciados en el rubro. Garzón, ex ministro de Minería, se refiere también al desarrollo de la actividad minera y recomienda a las autoridades tomar en cuenta a las empresas privadas, a las que el Gobierno dejó "solas", para lo cual propone revisar la Ley 535 de Minería y Metalurgia. Garzón es muy claro al señalar que "la gestión minera se reduce a buenas intenciones, pero mala planificación", en cuanto a proyecciones para el sector explica. "Aunque hay una leve mejora en los precios de los minerales, este año seguiremos con el mismo extractivismo puro con una quietud en cuanto en cuanto a generación de proyectos con muy poco avance de nuestros proyectos y con un muy bajo nivel de inversión. Las inversiones pública y la privada están entre $us 180 y 200 millones al año, de los cuáles más del 70% es estatal. Es decir estamos dependiendo de lo que hace el Estado en cuanto a este tema.
Dionisio Garzón plantea definir una política de atracción de inversiones para la empresa privada y para eso necesariamente hay que revisar algunos artículos de la nueva Ley de Minería, que entre otras cosas prohíbe tener concesiones, los privados solo pueden tener contratos de operación o asociación con el Estado. Los inversionistas así, no tienen acceso a fuentes de financiamiento al no poder anotar la concesión, la mina o las reservas en un banco o la bolsa de valores para obtener financiamiento para sus proyectos, la ley lo prohíbe. El experto asegura que en esas condiciones no habrá inversiones y en minería no se puede trabajar con plata al contado, eso no se hace en minería, es imposible…
Las coincidencias de los que saben sobre minerías, son irrebatibles y lo que observan es una realidad que preocupa frente al avance de este mismo rubro en países vecinos donde las millonarias inversiones externas han logrado mejorar las condiciones económicas de esos países de manera general.
Hay necesidad de hacer cambios en la Ley Minera 535, es importante que se otorguen garantías a los inversionistas a través de condiciones entre las que seguridad jurídica e incentivos sean factores de primer orden.
El potencial minero del país es altamente positivo, pero esa riqueza seguirá dormida en tanto no se disponga una política adecuada para prospectarla, explorarla y explotarla en condiciones razonablemente definidas y acordes a la atracción de capitales y tecnología.
Se asegura que el futuro de la economía boliviana está en sus minerales.
FUENTE Perspectiva Minera
Comentarios
Publicar un comentario