Puntos clave: Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) estima un costo de operación entre $us 4,000 y $us 8,000 por tonelada de carbonato de litio, dependiendo de la tecnología e insumos empleados. La planta en Uyuni espera comenzar producción en 2025, y el contrato firmado en septiembre asegura que Bolivia controlará el 100% de la planta tras recuperar la inversión de $us 970 millones.
Debido a la reciente especulación en torno al contrato entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y Uranium One Group, el presidente de YLB, Omar Alarcón, aclaró que los costos de operación de cada tonelada de carbonato de litio se estiman entre $us 4,000 y $us 8,000, variando según la tecnología utilizada y los insumos necesarios.
Alarcón explicó en una entrevista que el acuerdo prevé la construcción de una planta de extracción directa de litio (EDL) en el Salar de Uyuni, con una inversión de $us 970 millones. Según el contrato, YLB espera producir 14,000 toneladas de carbonato de litio al año y controlar el 100% de la planta una vez recuperada la inversión en un periodo estimado de seis a diez años, dependiendo de los precios internacionales.
Además, el presidente de YLB destacó que, en un escenario de precios altos, la inversión podría recuperarse en menos de seis años. Tanto YLB como Uranium One se inclinan por el uso de tecnologías que reciclen agua y electricidad, lo que beneficiaría el medio ambiente. Esta planta, si recibe la aprobación legislativa en el presente mes, produciría sus primeras 1,000 toneladas de carbonato de litio en julio de 2025.
El contrato también establece que los costos de operación e inversión estarán directamente vinculados a los precios internacionales del litio, asegurando así flexibilidad y sostenibilidad en los costos de producción y operación.
Resumen: La empresa Yacimientos de Litio Bolivianos prevé costos de operación de $us 4,000 a 8,000 por tonelada de carbonato de litio. El proyecto, en colaboración con Uranium One Group, anticipa una planta en Uyuni para producir litio de manera sostenible, asegurando control estatal total una vez recuperada la inversión.
Fuente: La Razón
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