- Epcoro está comprando oro a precios entre 800 y 1.000 bolivianos por gramo, mucho más altos que la cotización oficial.
- La senadora Andrea Barrientos acusa a la empresa de posibles delitos económicos y falta de transparencia en las transacciones.
- El aumento de presupuesto de Epcoro y el uso de cédulas de identidad irregulares generan dudas sobre la legalidad de sus operaciones.

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, denunció que la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (Epcoro) está comprando oro a precios inflados, lo que podría implicar un desfalco significativo para el Estado. Durante una conferencia de prensa, señaló que Epcoro adquiere el oro a precios entre 800 y 1.000 bolivianos por gramo, muy por encima de la cotización oficial establecida por el Banco Central de Bolivia (BCB).
Según Barrientos, este esquema ha generado un daño económico considerable, ya que Epcoro vende el oro al BCB a precios muy inferiores. Por ejemplo, la empresa paga 2.624,38 bolivianos por onza de oro pero lo revende al banco por solo 567 bolivianos, lo que resulta en pérdidas de entre 200 y 450 bolivianos por gramo.
La senadora también expresó preocupaciones sobre el manejo financiero y la transparencia de Epcoro. Afirmó que el presupuesto de la empresa se incrementó de Bs 102.9 millones a Bs 500 millones en un corto periodo, mientras que la cantidad de oro comprada diariamente aumentó de 40 kilos a 100 kilos. Sin embargo, no se ha brindado información sobre las reservas actuales del BCB, lo que incrementa las dudas sobre las operaciones de la estatal.
Además, Barrientos acusó a Epcoro de utilizar cédulas de identidad irregulares para justificar las transacciones de compra y venta de oro, lo que podría estar facilitando actividades de lavado de dinero y fomentando la minería ilegal. La senadora instó al gobierno a investigar estos actos para garantizar la legalidad y transparencia en el sector minero.
Resumen
La senadora Andrea Barrientos denunció posibles delitos económicos en Epcoro, incluyendo la compra de oro a precios inflados, manejo irregular del presupuesto y uso de cédulas falsas. Estas prácticas, según la senadora, podrían generar desfalcos millonarios y fomentar actividades ilegales, lo que pone en riesgo la economía estatal y la credibilidad del sector minero.
Fuente: La Patria
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