Como hemos remarcado en varias ediciones y coincidiendo con criterios de destacados profesionales de la materia, es indudable que la minería nacional para avanzar necesita buenas inversiones privadas, nacionales y extranjeras, o en su caso asociadas con el Estado, pero bajo estrictas condiciones de seguridad que garanticen la provisión de capitales y tecnología para activar de manera práctica la explotación de la riqueza minera nacional.
Por supuesto y eso lo saben los emprendedores del ramo, el otro complemento no material, pero determinante y esencial, es el tiempo, que sea definido por especialistas que pongan su empeño y capacidad para desarrollar nuevos emprendimientos mineros y metalúrgicos en sectores, en los que estudios preliminares, aseguran la presencia de interesantes reservas minerales. Por lo tanto, la política minera nacional debe apuntar, sin mayores vueltas y revueltas, a la aplicación de una renovada política minera que consigne los elementos que mencionamos como imprescindibles para "reactivar" la minería.
Si hay algo que debe diferenciar a la nueva política minera de la anterior, es eliminar la práctica discursiva y mentirosa en torno a créditos, empréstitos y algunos "fantasiosos" acuerdos internacionales con gobiernos y empresas, como ocurría de manera recurrente en la anterior gestión. Ahora hay que informar sobre hechos y avances reales.
Un aspecto que no debe postergarse por más tiempo, es la reglamentación de la Ley Minera 535 para que tal instrumento sea la garantía para la atracción de capitales y habilitación de nuevos yacimientos, con incorporación de moderna tecnología, tanto en el sector privado, como en la minería estatal. La Ley Minera tiene que abrir las puertas a la inversión minera, en franca competencia con los países vecinos, en los que se han instalado grandes productoras mineras y metalúrgicas que han subido los niveles de crecimiento financiero en economías, como las del Perú, Chile, Argentina, también Ecuador y Colombia.
Hay que tomar conciencia de la versión emitida por la consultora internacional Fraiser Institute que en un ranking sobre inversiones mineras coloca a nuestro país en el número 10 de las jurisdicciones menos atractivas para inversión privada. Otros países en esa zona negativa de negocios, son Indonesia, Vietnam, Venezuela, Guatemala, Filipinas y otros, donde señalan que los inversionistas han descartado inversiones mineras.
Por supuesto que esa calificación podría ser modificada en función a la nueva política y estrategia minera que asuma el actual Gobierno (de transición), pero abriendo paso a lo que pueda desarrollarse más adelante como factor determinante del sostenimiento de la economía boliviana.
La consultora internacional, mencionó como factores adversos en Bolivia para las inversiones, particularmente la incertidumbre política, una situación que cambiaría en el nuevo esquema, si se adoptan situaciones concretas para disponer garantías a través de una Ley reglamentada y operativa. Son aspectos que las autoridades sectoriales deberían tomar en cuenta para retomar el camino hacia la reactivación minera nacional.
FUENTE La Patria
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