Para atraer inversiones mineras al país hay que garantizar la seguridad jurídica

Son varios años que no se han producido inversiones en la minería nacional

La Ley de Minería garantiza la seguridad jurídica para el aporte de capitales

Destacados profesionales y analistas de la actividad minera en el país coinciden en señalar que la falta de "políticas de reactivación" han impedido que la minería pueda recuperarse por una parte y estabilizarse por otra, si se hubieran adoptado medidas oportunas para generar un "fondo de inversión" que abra las condiciones apropiadas para nuevos emprendimientos mineros.

Lamentablemente nuestro país ha confrontado una serie de "trastornos políticos" que han influido poderosamente en su principal rubro de generación económica, como ha sido la gran minería, desde tiempos anteriores a la República, cuando se produjo la invasión de españoles que trasladaron nuestras riquezas mineras al viejo continente. Más adelante, la minería tuvo sus mejores opciones, sin embargo su explotación enriqueció a los "barones del estaño" y dejó muy poco en las cuentas de la República.

Con el paso de los años, de una explotación irracional de nuestros minerales se pasó a otra no menos repudiable, cuando la minería sirvió para sostener a varios gobiernos golpistas con pocas utilidades para el Estado. Una revolución nacional y un gobierno civil asumieron el rescate de la minería, nacionalizando el sector y en tiempo próximo dando paso a la instalación de la primera empresa nacional de fundiciones, significativo paso en el uso del estaño boliviano, único metal que exportamos con valor agregado, porque de ese jalón en la metalurgia boliviana no se ha producido otro que favorezca a la exportación de otros metálicos. La fundición de Karachipampa, pese a muchos intentos, sigue siendo el "elefante blanco" del sector, mientras que ya transcurrieron muchos años, desde que el último presidente renunciante, anunció la instalación de dos fundiciones de zinc, una en Oruro y otra en Potosí, ninguna tiene ni siquiera su piedra fundamental.

En criterio de los analistas mineros, las inversiones mineras respondían al interés de inversiones privadas nacionales, como el caso de varios proyectos medianos en Potosí y algunos años atrás, un primer emprendimiento de clase internacional en una sociedad millonaria para la explotación de oro en la zona de La Joya en el distrito de Oruro, con la empresa Inti Raymi y más adelante sobresalió el aporte externo para consolidar el proyecto de San Cristóbal en jurisdicción de Potosí, empresa que hasta el presente, constituye la de mayor producción de minerales de zinc, plomo y plata. Hay otras, también en Potosí como Manquiri y San Vicente con capitales externos, pero limitadas a las condiciones vigentes, poco favorables a mayores inversiones en minería

En el sector de la minería estatal, son varias décadas que no hay ni un solo descubrimiento que permita ampliar las actividades de los yacimientos tradicionales que por supuesto, están en franco y paulatino agotamiento de sus ricas vetas mineras, un ejemplo la explotación del cerro Posokoni en Huanuni.

Cambios en la minería

De aquellos años a otros de reciente data se han registrado algunos cambios sustanciales en la gran minería nacional, como la caída vertiginosa del precio del estaño en 1985 que obligó al cierre de las minas y al despido de miles de trabajadores mineros con una alternativa de la "relocalización" que nunca se cumplió, pero que generó el cambio social de un enorme contingente de trabajadores que utilizando sus indemnizaciones, abrieron un cauce en el distrito de Oruro, hacia la economía informal, que crease o no, persiste hasta el presente como herencia de la minería en bajada.

Los periodos de la minería en Bolivia, tienen características especiales, de apogeo, de crisis y también de bonanza por efecto de la gran competencia industrial de los países más ricos del continente que establecen precios de su interés para la compra y venta de minerales.

Dadas las condiciones vigentes, totalmente adversas para inversiones en minería, han motivado ciertas opiniones de empresarios e industriales mineros, planteando cambios importantes en disposiciones que regulan las inversiones. Con la promulgación de la nueva Ley Minera 535 del año 2014, se ha transformado la concesión minera en Contrato Administrativo Minero, por el cual el Estado otorga derechos mineros para realizar actividades mineras en determinada área, además se establece que la "inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas", lo que según los observadores constituye una limitante a la seguridad jurídica que garantice inversión en la minería. También se dispuso un incremento en el Impuesto a la Utilidad de las Inversiones (IUF) de 25% a 37,5%.

Debido a la aplicación de esas regulaciones que NO están reglamentadas en la Ley Minera, se observa que ninguna empresa de inversión minera ha solicitado un contrato minero y tampoco existe ni un solo proyecto en ciernes para activar nuevos emprendimientos de prospección y exploración minera, lo que nos muestra un panorama desolador en la perspectiva del importante sector, considerado como el de mayor trascendencia para la economía nacional, en un próximo futuro.

Planteamientos claros.

Para salvar la difícil contingencia por la que atraviesa el sector minero, más aún en el periodo actual con un cambio de autoridades en el rubro y sin que se hubiera definido ningún proyecto de inversión, ni siquiera mediana, se recuerda una propuesta del sector empresarial de la minería privada, solicitando un retorno al sistema de concesionamiento de áreas mineras y la vigencia del arbitraje internacional. Se pide también el establecimiento de un sistema tributario estable y competitivo con los que rigen en países vecinos.

Finalmente la principal solicitud, tiene que ver con medidas que demuestren la existencia de "seguridad jurídica" partiendo de la Ley Minera en su Art.- 99, al indicar que el Estado garantiza la seguridad jurídica de las inversiones mineras. Un planteamiento muy concreto y que puede activarse a simple aplicación de las normas vigentes.

Los empresarios mineros, esperan ciertos cambios que generen las nuevas autoridades del rubro, para poner en marcha un proyecto viable de reactivación minera.

FUENTE La Patria