La minería, es considerado un rubro muy importante para Oruro, ya que dicha actividad genera una dinámica económica importante para la región, sin embargo implica un alto costo ambiental por el impacto negativo que daña tierras y recursos hídricos de comunidades aledañas a las operaciones mineras; esto genera preocupación entre distintas comunidades del área rural del departamento e instituciones que se dedican a velar por el medio ambiente.
Las comunidades afectadas por la contaminación minera, en un esfuerzo por compartir la responsabilidad de la problemática que causa la minería, llegaron a plantear la posibilidad de proponer una "minería responsable"; esto quiere decir, que si bien debe existir la minería, los operadores deberían cumplir con la normativa ambiental vigente en el país.
La norma que el sector minero ha "construido" entre mineros, por mineros y para mineros (Ley 535 "Ley de Minería y Metalurgia), establece las responsabilidades de los operadores por impactos negativos a la naturaleza.
Clemente Paco Huanca, representante del Centro Ecológico de Pueblo Andinos (CEPA), dio a conocer que, las comunidades del Jach´a Marka Tapacarí Condor Apacheta de la sub cuenca Peñas, ubicada en las jurisdicciones municipales de Pazña y Antequera del departamento, desde hace tiempo atrás, vienen repeliendo toda actividad minera porque no es posible tener actividad minera en una zona que tiene vocación productiva netamente agrícola.
"Lo grave del asunto, es que en la sub-cuenca Peñas, por una investigación realizada por los propios comunarios organizados en la Asociación Integral de Producción Orgánica de Peñas (AIPOP), muchas gestiones de autoridades originarias, entre otros, registraron "57 galerías filtrantes"; se trata de lo que el autor de la referida investigación ha venido a llamar: "obras hidráulicas construidas de forma horizontal que representan un método ancestral de aprovechamiento de aguas subterráneas para el riego y el consumo humano. Entonces, la actitud de defensa de sus recursos naturales vitales como es el agua en el cañadón Peñas, al margen de ser totalmente legítima, es cuestión de vida o muerte para las comunidades de Peñas", refirió Paco.
Asimismo indicó que la Secretaría de Medio Ambiente Agua de la Gobernación de Oruro, no sale en defensa de las comunidades del cañadón Peñas, a pesar de haber recibido denuncias en varias ocasiones, poniendo en riesgo el patrimonio natural con el que cuenta nuestra ciudad.
Otra hecho que preocupa gravemente a los miembros de CEPA respecto a este asunto, es la actitud de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), que no habría cumplido con lo establecido en la Constitución Política del Estado, en la que se indica que se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.
El representante de esta institución, explicó que hasta la fecha, existen dos resoluciones por parte de las autoridades originarias, en las cuales rechazan definitivamente toda actividad, obra o proyecto (AOP) minero en la zona.
Además señala que tampoco se habría cumplido con el compromiso de contribuir al desarrollo y ejecución de planes, políticas y normas de manejo Integral de cuencas y de riego y en el diseño de estrategias para la conservación, uso y aprovechamiento de los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos con los diferentes actores involucrados en la gestión ambiental de las cuencas hidrográficas, respetando los usos y costumbres.
Por lo cual, pide a las autoridades pertinentes precautelar el cuidado de los recursos naturales, así como los patrimonios naturales, además de controlar los lugares donde se realizarán actividades mineras, ya que está afectando de forma directa e indirecta en la salud de los pobladores.
FUENTE La Patria
FUENTE La Patria
Comentarios
Publicar un comentario