Parecería que el destino económico de Oruro, está signado por la explotación y exportación de sus materias primas, y ni duda cabe, son los minerales los que establecen esa corriente financiera, sumándose la venta del estaño metálico que produce la Fundición de Vinto y sin ninguna otra perspectiva próxima de diversificar estas instancias.
Desde siempre, aunque parece exagerada la apreciación, el ingreso más importante de Oruro fue generado por la minería, con algunas variantes en la oscilación de precios internacionales, lo que marcó temporadas de alto beneficio pero también determinó la caída (al suelo) de la economía, cuando el precio del estaño se derrumbó. Esa situación generó el despido de miles de trabajadores mineros, que lograron una indemnización, pero no recuperaron sus fuentes de empleo en la minería estatal.
De entonces a la fecha, muchas cosas han cambiado, recordando también una época brillante para el oro, cuando Inti Raymi explotó los yacimientos de La Joya, primero y de Iroco luego, dejando buenas regalías y cambios de orden social en las comunidades aledañas a la gigante extracción del oro. Terminado ese ciclo, no se ha producido ningún otro emprendimiento de tal magnitud impulsado desde el sector privado. En el caso estatal, nada que hablar, pues una acción política, complicó la situación de la empresa más rendidora, el caso de Huanuni, que con mil trabajadores tenía utilidades, las que se convirtieron en pérdidas, al aumentarse con 4.000 el número de sus trabajadores. Una situación de la que todavía no se repone plenamente ese distrito que es víctima de una serie de proyectos mal elaborados, como el ingenio Lucianita que en más de cinco años desde su entrega, no puede funcionar.
Si bien la minería ha quedado como concepto de buenos augurios para la economía regional, es importante ponerse en el extremo de la realidad que vivimos y reconocer que si bien la ilusión persiste para reactivar la minería, lo cierto es que son varios años que esa economía regional depende de otra veta, la del comercio en general. Así definen algunos analistas, al establecer que el comercio generado por el contrabando, mueve al sector informal, una especie de paliativo ante la crisis, con un ejército de ciudadanos que compran y venden de todo un poco y movilizan una economía de muchos miles de billetes, pero muy poco en función de réditos para el Estado o la región, pues la informalidad es el sector que ha copado la atención ciudadana, pero es el evasor más grande, pues no paga ningún impuesto.
Las estadísticas del último tiempo no son nada alentadoras para nuestro departamento, pues lo evidente es que nuestra economía ha sufrido una marcada caída, vive de muchas promesas que no se cumplen, especialmente en lo que corresponde a los planes de prospección y exploración minera, parte básica e importante para desarrollar nuevos emprendimientos mineros.
A propósito de ese caso, lo que se exige desde el sector minero, es que se defina la reglamentación de la Ley 535 de Minería, para abrir las opciones de inversión y captar el movimiento de capitales y tecnología que no se mueven en el distrito, al carecer de incentivos y la exigida seguridad jurídica, ofrecida desde el ministerio del ramo e incumplida en la misma instancia. Mientras se arreglen las cosas, seguimos dependientes de la reducida producción y exportación de nuestras materias primas.
FUENTE La Patria
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