El país pagó $us 42,6 millones a la sociedad minera chilena, que llevó a arbitraje al país con un documento falso y robó información confidencial.
El jueves 7 de junio, Bolivia acordó pagar a las empresas Quiborax y Non Metallic Minerals (NMM) la suma de 42,6 millones de dólares, como compensación por la supuesta reversión ilegal de sus concesiones en el Salar de Uyuni. Ambas compañías habían iniciado hace más de una década un arbitraje internacional contra el Estado, un proceso cuyo resultado adverso, lejos de dar por cerrado el caso, develó las deficiencias e irregularidades en la defensa legal de los intereses del país.
El 18 de mayo, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) ordenó a Bolivia desembolsar un pago de 57 millones de dólares por la anulación de las operaciones de las empresas chilenas.
Entonces la Procuraduría General del Estado inició negociaciones con los demandantes, para que rebajen el monto de la indemnización que debían recibir.
Ya el 15 de septiembre de 2015 el tribunal del CIADI falló en contra de Bolivia, ordenándole a pagar a Quiborax 48,6 millones de dólares, pero la Procuraduría negoció y acordó un pago con la parte demandante por 27 millones de dólares, junto con el desistimiento por parte de la demandada de iniciar un juicio penal por falsificación en contra de uno de los accionistas de NMM, pero el acuerdo quedó frustrado por un “descuido” de la exsubprocuradora Carmiña Llorenti, quien dejó a merced de los abogados de los demandantes información catalogada como “confidencial”.
En ese ínterin se conoció que Quiborax y Non Metallic Minerals no habían invertido ni siquiera un millón de dólares en las concesiones de explotación minera en el salar, y que en una reunión entre los abogados de la parte demandante y los juristas del Estado, la exsubprocuradora prestó su computadora a uno de los defensores de las firmas chilenas, quien envió desde la cuenta de correo electrónico de Llorenti documentos con información clave de la defensa boliviana.
Uno de los tres documentos filtrados el 4 de agosto de 2016 por la exfuncionaria de la Procuraduría al equipo jurídico chileno, indicaba: “Ambas partes, de forma libre y espontánea, establecen el monto total de pago en efectivo (pago total de indemnización) para el cumplimiento fiel, definitivo, efectivo y oportuno del laudo en 27.272.113,98 dólares estadounidenses”.
De haberse concretado ese acuerdo, el Estado se hubiera ahorrado al menos 15,4 millones de dólares del monto final que desembolsó a favor de la empresa chilena (42,6 millones de dólares).
Como resultado de esta derrota en el arbitraje, el Gobierno solicitó a la Fiscalía el inicio de un proceso contra el expresidente Carlos Mesa y tres de sus exministros, a quienes acusó por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, por la reversión de las concesiones mineras de Quiborax y NMM, en 2004.
En respuesta, Mesa presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra de los ministros de Justicia, Héctor Arce, y de Minería, César Navarro, además del procurador Pablo Menacho y de la exprocuradora Elizabeth Arismendi, acusándolos por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en el caso.
Pero, además de los 42,6 millones de dólares que el Estado acabó por pagar a las empresas extranjeras demandantes, la Procuraduría reconoció que la defensa nacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones costó 1,8 millones de dólares.
El procurador Menacho informó que se gastó en total 1.853.345 dólares en los tres bufetes de abogados que defendieron al Estado en el caso Quiborax-NMM, a lo largo de los 12 años que duró el proceso ante el CIADI.
Un falsificador millonario
David Moscoso Ruiz, empresario boliviano dueño del 49% de las acciones de la sociedad NMM-Quiborax, que llevó a arbitraje ante el centro internacional de inversiones a Bolivia, luego de presentar un documento falso de la constitución de su empresa y haber confesado ese delito, recibió del Estado 20,8 millones de dólares de compensación por haber ganado el proceso.
Moscoso fue uno de los demandantes más beneficiados con el laudo en contra de Bolivia, ya que el dinero que recibió por la compensación del Estado resultó proporcional a las acciones que tiene en NMM-Quiborax.
El empresario de Non Metallic Minerals falsificó un acta de constitución de su compañía, del 11 de septiembre de 2001, por otra acta del 13 de septiembre de 2001, que a la postre fue utilizada para iniciar el arbitraje en contra de Bolivia ante el CIADI, una irregularidad que denunció el expresidente Carlos Mesa.
Haber cometido el fraude le valió a Moscoso un proceso penal por el cual fue condenado a dos años de cárcel, pero se sometió al perdón judicial después de haber confesado su responsabilidad en la falsificación del documento.
Al respecto, el procurador Menacho aseguró que el arreglo al que se llegó en 2016, para pagar a los demandantes 27 millones de dólares, se truncó por la oposición que presentó Moscoso.
“Ya se tenían avanzadas las negociaciones y el 19 de diciembre de 2016 el socio minoritario de Quiborax, en Non Metallic Minerals, el señor David Moscoso manda una nota a la Procuraduría General del Estado que dice que cualquier tipo de compensación que se vaya a pagar tiene que ser con Non Metallic Minerals. Frente a eso y existiendo un procedimiento de anulación en curso, era difícil pues llegar a un arreglo con la empresa chilena, teniendo esa objeción por parte del socio boliviano”, manifestó.
Al final, NMM-Quiborax renunciaron al 20% del neto de indemnización y recibieron del Estado 42,6 millones de dólares.
Carmiña Llorenti, la funcionaria “eficiente”
Carmiña Llorenti, destituida y procesada por filtrar información a abogados de la empresa chilena Quiborax, que ganó a Bolivia un arbitraje por 42,6 millones de dólares, antes de ser posesionada en 2015 como subprocuradora, fue directora general ejecutiva en la Escuela de Abogados del Estado Evo Morales, dependiente de la Procuraduría.
“Eficiencia y eficacia en todas las instituciones (de Gobierno) donde prestó sus servicios”, se lee en su designación.
La escuela fue creada en 2010 para formar profesionales que defiendan los intereses del Estado a partir de una “actuación altamente ética y técnica”.
En una de las tantas reuniones que sostuvo la defensa boliviana con la de Chile, Llorenti prestó a uno de los abogados chilenos su computadora, con la cuenta de su correo electrónico abierto. Oportunidad que el extranjero utilizó -según la misma Llorenti- para enviarse información oficial del caso Quiborax.
Su accionar llevó incluso a que el diputado del MAS Víctor Borda pidiera su proceso por filtrar información confidencial del Estado; mientras que su colega Édgar Montaño la acusó de traición a la patria pero Carmiña Llorenti desapareció, como si la tierra se la hubiese tragado, nunca más se supo de ella y ni siquiera se presentó a declarar ante la Fiscalía.
Llorenti cuenta con un amplio currículo de servicio en la administración pública durante el gobierno del MAS. Fue parte de la Fiscalía y pasó al menos por cinco ministerios (Culturas, Justicia, Relaciones Exteriores, Transparencia y Defensa Legal del Estado), y fue reconocida por su “eficiencia y eficacia”, según la web de la Procuraduría.
“Eficiencia y eficacia en todas las instituciones donde prestó sus servicios, lo que permite su nombramiento (directora general ejecutiva en la Escuela de Abogados del Estado Evo Morales) por el Procurador General del Estado”, se lee en su designación de 2015.
FUENTE Página Siete
FUENTE Página Siete
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