La Sala Plena emitió la tarde de este miércoles una resolución en la que dispone que el requerimiento acusatorio en contra del expresidente Carlos de Mesa sea remitido a la Asamblea Legislativa
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, informó que la Sala Plena del TSJ emitió una resolución en la que dispone que el requerimiento acusatorio en contra del expresidente Carlos de Mesa por el caso Quiborax sea remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Asamblea Plurinacional definirá si autoriza o no el juicio de responsabilidades contra el ex mandatario y vocero de la demanda marítima.
La Sala Plena aprobó por mayoría, con los siete magistrados presentes en Sala Plena, el requerimiento acusatorio contra Mesa. No obstante, no estuvieron presentes los otros dos miembros porque elaboraron el informe que dio curso a la remisión del caso ante el Legislativo.
Sobre el tema, el presidente del Senado, Alberto González, adelantó: Revisaremos, analizaremos, estudiaremos y después adoptaremos los procedimientos que están establecidos". También agregó que "un juicio de estas características tiene que ver con un ciudadano que podría tener cuentas pendientes con el Estado, eso es lo que vamos a hacer. En este momento no es correcto precipitarse a declararlo inocente o culpable".
Si existe la autorización de juicio de la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General comenzará la investigación formal, imputar y pedir medidas cautelares para Mesa y dentro del plazo de seis meses emitir una acusación o en su caso el archivo de la demanda si no encuentra indicios de responsabilidad, de acuerdo a la publicación de Correo del Sur.
Tras la decisión del TSJ, el expresidente Mesa se pronunció al respecto e indicó que esperará la decisión de la Asamblea Plurinacional.
De Mesa y los exministros Gustavo Pedraza (Desarrollo Sostenible), Freddy Escobar (Minería e Hidrocarburos) y Luis Fernández (Trabajo), son acusados de resoluciones contrarias a la ley y la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por la expulsión de Non Metallic Minerals (NMM), de propiedad de la chilena Quiborax, y la confiscación de sus concesiones mineras en el salar de Uyuni. Esto ocurrió en 2004 y derivó en un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que el 18 de mayo pasado desestimó el último recurso boliviano tendente a no pagar indemnización a los expulsados.
FUENTE El Deber
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