Varios organismos especializados han proyectado que el crecimiento de la economía boliviana fluctuará este año alrededor del 4%, ubicando al país entre los más dinámicos de la región. Sin duda esa es una buena noticia, pero también esos organismos alertan problemas, debido a la desaceleración sostenida y evidente.
El tipo de crecimiento que estamos logrando está basado en el impulso al consumo, que en muchos casos deriva en más importaciones y contrabando, no así en mayor producción nacional y más empleo formal, dado el alto nivel de informalidad de nuestra economía. Un crecimiento sostenido debería estar sustentado en mayor inversión privada nacional y extranjera, mayor énfasis en el mercado externo y promoción de sectores no tradicionales; sin embargo, las inversiones no son suficientes ni están impulsadas por políticas claras y sostenibles.
Los factores que limitan mayores inversiones son diversos, aunque pueden ser agrupados en: i) problemas con la certidumbre jurídica y el marco reglamentario; ii) la política laboral y la subida en los costos laborales, sin que exista mayor productividad; iii) el contrabando y la informalidad que desplaza a la producción nacional y; iv) la política tributaria, que se traduce en sobrerregulación y problemas de fiscalización para unos cuantos contribuyentes formales y visibles. Se debe señalar también la ausencia de incentivos para la inversión, que, a pesar de existir una ley de promoción de inversiones, esta no se ha concretado ni en incentivos sectoriales generales ni en los denominados específicos.
Para el caso de la inversión extranjera (que cayó en 2016 a $us 410 millones), existen determinantes clave que tienen relación con el marco de seguridad jurídica, limitaciones a la transferibilidad de derechos en minería y otros problemas transversales como la ausencia de un esquema de arbitraje y solución de controversias en el ámbito internacional.
Bolivia tiene a su favor la estabilidad macroeconómica y el crecimiento sostenido, pero con sombras que van ganando espacio como el tipo de cambio apreciado, déficits gemelos, subida en endeudamiento, caída de reservas internacionales, entre otras. El riesgo político puede ser considerado bajo, si analizamos otros contextos, aunque en contrapartida el tamaño del mercado interno es pequeño para inversiones grandes en ámbitos fuera de los recursos naturales, a lo que se debe sumar el hecho de que en los años de bonanza no logramos hacer funcionar y mejorar los acuerdos comerciales para ampliar mercados atractivos, crecientes y estables.
Sobre los derechos de propiedad, para el inversor, importa la contundencia con que se los garantice y, en varios ámbitos, los avasallamientos y la afectación de ingresos, particularmente en inversiones en el turismo y la hotelería rurales, minas y otros, derivan en señales negativas.
En cuanto a la inversión privada nacional, según nuestras estimaciones, en 2015 alcanzó un valor superior a $us 2.498 millones, para luego descender a $us 2.377 millones en 2016 y $us 2.203 millones en 2017. Es decir, hay una tendencia a la baja, que se produce no obstante las metas de crédito impuestas desde el Gobierno sobre las entidades financieras.
Temas como la informalidad, la presión salarial, la falta de un reglamento en la Ley de Inversiones y la Ley de Creación de Empresas Sociales son señales muy duras para el empresario nacional o extranjero en el momento de tomar decisiones sobre montos, condiciones y rubros para invertir y, de alguna manera, explican que la inversión se esté concentrando en muy pocos sectores de la economía.
Creemos que Bolivia tiene condiciones óptimas para atraer recursos; sin embargo, son las medidas que se toman las que paradójicamente generan dudas y aumentan la incertidumbre para los inversionistas.
FUENTE El Deber
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