Por las características de lo que representa un acuerdo societario entre un Gobierno y una empresa privada extranjera, se entiende que hay muchas cosas que cumplir para que ese acuerdo sea la expresión válida no solo de buenas intenciones, sino más bien del cumplimiento de condiciones expuestas por las partes involucradas en un hecho, cuya trascendencia internacional tiene que ver con la provisión de cierto material, que tendrá una demanda internacional de mucha magnitud y por lo mismo estará en la vitrina externa de alta competencia.
En la búsqueda de objetivos, los competidores de la región son tres, cuando se considera el proyecto de industrializar el litio que cada país posee en su territorio y desea llegar en primer término al mercado automotriz eléctrico que de momento se perfila como el mayor consumidor de las baterías de ion litio, el hecho es que los tres productores confrontan problemas de diversa índole, unos más que otros, retrasados en el cumplimiento de sus planes.
En el caso de Chile y Argentina, hay problemas de cada país en forma interna, especialmente por algunas fallas de orden legal en procesos de concesión de las áreas de explotación del litio. Pero también confrontan algunas diferencias muy especiales en las opciones que manejan los gobiernos de ambos países en la alternativa de tratar y no consolidar acuerdos de explotación estratégica en ambos países, pero de manera conjunta, algo que parece muy difícil considerando las políticas estratégicas de cada nación.
En el caso boliviano, si bien no hay problemas de orden legal, pues la "tenencia y explotación" de los salares del país corresponde al Estado, el problema se traslada a la parte táctica y técnica operativa que no pudo avanzar al no encontrarse el programa ideal para extraer el litio de las salmueras de Uyuni, que según se afirma, son muy diferentes a los salares de Atacama en Chile o el Hombre Muerto en Argentina.
Menos mal, aunque después de varios años, se admite que los proyectos "piloto" que se manejaron en plantes de prueba y manejados por técnicos nacionales, no surtieron efecto y lo prudente fue "dar el pasito a un costado" y admitir que falta tecnología apropiada para aprovechar el litio boliviano y convertirlo en materia prima óptima para la industria de las baterías que darán energía a los futuros coches eléctricos.
Considerando que la planta industrial de baterías de litio, demorará un año y medio en su construcción, es necesario que se agiliten los trámites de orden legal para concretar la sociedad con la empresa alemana, seleccionada para encarar la construcción e implementación de la industria de baterías de litio en el país. Lo urgente en este caso, es que el Gobierno instruya, donde corresponda, eliminar toda acción burocrática y facilitar la legalización del convenio, incluyendo las reglas de juego que las partes estimen conveniente, para hacer realidad el proyecto de poner en marcha la industria de baterías de ion litio.
El proceso es complejo si se lo observa con el lente de los trámites regulares, este caso amerita el uso de una poderosa lupa, para encontrar el camino más limpio y seguro en los niveles de Estado y del Legislativo.
FUENTE Perspectiva Minera
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