A cinco meses de haberse registrado un derrumbe en la zona de riesgo del cerro Rico de Potosí, que provocó la muerte de dos hermanos, la Gobernación de ese departamento y el Ministerio de Minería impulsan la relocalización de los cooperativistas que operan en cercanías de la cota 4.440, excluyendo del proceso inicial a la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin).
Por su parte, los cooperativistas advirtieron que los destinos de relocalización son “insuficientes” para instalar a sus asociados y advirtieron que serán perjudicados porque la producción disminuirá.
El 20 de septiembre de 2017, los hermanos Ever y Willy Choque, de 19 y 23 años, respectivamente, quedaron sepultados por un hundimiento en la mina Relámpago, ubicada en cercanías a la cota 4.400, calificada como zona de riesgo. Los operativos de rescate duraron más de un mes y desplegaron a un equipo de 70 personas y maquinaria; sin embargo, no se hallaron los cuerpos.
Tras el incidente, las autoridades anunciaron que se buscaría relocalizar a los mineros que extraen minerales en la zona de riesgo en un plazo de aproximadamente 90 días a partir del incidente.
Al respecto, el secretario de Minería de la Gobernación de Potosí, Elías Choque, explicó que el pasado 22 de febrero se llegó a un preacuerdo con representantes de las comunidades de Parma, Paractiri y Visijsa, en conjunto con el Ministerio de Minería para la relocalización. Sin embargo, precisó que aún se aguarda la firma de convenios que permitirá realizar los estudios para evaluar la cantidad de cooperativistas que podrán migrar.
“Hay muchas dificultades que se presentan. En el área rural no hay consentimiento, por eso trabajamos con la Gobernación, el Ministerio y las comunidades; posteriormente, convocaremos a Fedecomin cuando ya haya un preacuerdo, no queremos entorpecer”, sostuvo.
Detalló que estos lugares no cuentan con las mismas características de las minas del cerro Rico. A pesar de ello, consideró que las zonas de mineralización pueden seguir siendo aprovechadas por los cooperativistas, aunque desconoce la cantidad de mineros que operan en la zona de riesgo.
En tanto, el presidente de Fedecomin Potosí, Sandro Lugo, indicó que aún no fueron incluidos en el proceso de negociación y cuestionó las tres comunidades a las que se pretende trasladar a los cooperativistas porque explicó que no todos los terrenos estarían “mineralizados”.
“Los lugares no son aptos, por otro lado, no es suficiente para un sector tan grande como lo es la Fedecomin de Potosí. Es un lugar muy pequeño, eso no alcanzará ni para una cooperativa completa”, sostuvo.
500 mineros es estimación de la cantidad de mineros que trabajarían en la zona de riesgo, según estimaciones del Comité Cívico de Potosí.
DATOS
Cerro Rico, en la lista de patrimonio en peligro. En 2014, la Unesco incluyó al cerro Rico de Potosí en una lista de patrimonio mundial en peligro, debido a la situación de vulnerabilidad y riesgo de colapso.
Crece actividad minera en la zona de peligro. El Comité Cívico de Potosí estimó que, en 2011, 300 cooperativistas operaban en la zona de peligro, a 2017 calculó que la cifra alcanzó los 500.
Las lluvias provocan riesgo de hundimiento. Fedecomin Potosí advirtió del riesgo por las lluvias registradas en febrero.
DESCONOCEN CANTIDAD DE COOPERATIVISTAS
El presidente de Fedecomin Potosí, Sandro Lugo, y el secretario de minería de la Gobernación, Elías Choque, afirmaron desconocer la cantidad de cooperativistas que operan en inmediaciones de la cota 4.400 del cerro Rico, considerada como zona de riesgo de derrumbes.
En declaraciones anteriores, el presidente del Comité Cívico de Potosí, Jonny Llalli, explicó que sobre la cota 4.400 existían 280 mineros hasta el año 2011, pero, actualmente, la cifra alcanza los 500. Atribuyó el hundimiento que provocó la muerte de dos personas en la mina Relámpago ,en septiembre de 2017, a la intensa actividad minera registrada en la región.
CIMA SE HUNDE EN 2011 Y OBRAS NO LOGRAN FRENAR
La cima del cerro Rico comenzó a hundirse en el año 2011. Para revertir las consecuencias, las autoridades colocaron una capa de geomembrana, para su preservación, por un valor de 54 mil bolivianos; sin embargo, no tuvo efecto, ya que el viento la destruyó a 48 horas de su instalación.
Al respecto, el presidente del Comité Cívico de Potosí, Jonny Llalli, explicó anteriormente que, ese mismo año, se habilitó la bocamina San Luis durante dos meses para ejecutar tareas de preservación con un costo de 2 millones y medio de bolivianos. “Pero no llegaron al eje del hundimiento porque era peligroso, porque se desplazaba la roca”, añadió.
En 2014, se destinaron 8 millones de bolivianos por parte de la Gobernación para aplicar el relleno con hormigón ligero, que fue suspendido durante su ejecución por problemas estructurales.
Posteriormente, se impulsó el proyecto de relleno “seco”, utilizando un material denominado “desmonte Pailaviri”, que es carga oxidada tratada. Para la primera parte del relleno se destinaron 3,5 millones de bolivianos y para la segunda, 1,6 millones de bolivianos, según información oficial.
FUENTE Los Tiempos
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