Parlamentarios orureños propiciarán una ley para declarar como prioridad el embovedado del canal Tagarete y así conseguir que los obstáculos que se presentan en este proyecto se vayan disipando, el principal requisito para que se siga con el proceso de esta obra es que las aguas que llegan de la mina San José estén tratadas y así evitar los efectos contaminantes.
El diputado Jaime Gonzales, informó que el pasado viernes en horas de la noche se tuvo una reunión de suma importancia entre vecinos de los distritos 2 y 3 de la ciudad de Oruro, autoridades de la Gobernación y el Municipio donde se hizo un análisis de los avances en el proyecto de construcción del embovedado del canal Tagarete, cuyo financiamiento proviene en gran parte de recursos otorgados por la Corporación Andina de Fomento (CAF).
La autoridad legislativa explicó que la reunión fue convocada por la Brigada Parlamentaria, ya que existe preocupación por el riesgo que se corre en la construcción del canal Tagarete en su primera fase, misma que tiene un costo de aproximadamente 88,7 millones de bolivianos, de los cuales el 50% es financiado con recursos de la CAF a través del Gobierno Nacional.
Gonzales señaló que esta entidad internacional puso como condición para el desembolso de recursos, el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas ácidas de la mina San José, emplazada en el nivel -340, para que de esa forma los afluentes que llegan hasta el "Tagarete" no estén contaminados.
"Lo que preocupa es que la planta no está funcionando, o sea que esas aguas ácidas pueden ir corroyendo el embovedado cuando ya esté construido y la obra no tendría la duración efectiva, en ese sentido se ha discutido este asunto y hemos determinado que la Brigada Parlamentaria elabore una ley declarativa de prioridad nacional para la construcción del canal Tagarete, porque la misma es muy importante para la ciudad y el departamento", aseveró.
Mencionó que viabilizando esta normativa se podrían subsanar diferentes obstáculos, como las diferencias que existen entre las instituciones que tienen que coadyuvar con el funcionamiento y mantenimiento de la planta donde están involucradas, las cooperativas mineras que operan en la zona, la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), el Municipio y la Gobernación de Oruro.
La autoridad indicó que en la reunión también se formó una comisión técnica de alto nivel para ver los mecanismos de funcionamiento de la planta de tratamiento y así subsanar el requisito que pide la CAF para dar su visto bueno y la obra pueda continuar con su proceso de licitación.
FUENTE La Patria
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