El presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomin), Sandro Lugo, lamentó que el diputado Víctor Borda hubiera denunciado un supuesto acceso ilegal al agua del río San Juan de parte de los ingenios mineros.
Lugo destacó que todos pagan por el servicio pero además tienen los respectivos medidores por lo cual es un servicio legal que se desenvuelve de acuerdo a un contrato y el corte del servicio afectará a la economía regional.
El dirigente minero dijo que más de 500 personas trabajan en los ingenios mineros que están siendo recortados en el suministro del agua y quedarán en la calle porque el líquido es fundamental para esa actividad.
REUNIÓN
En la reunión de presidentes prevista para mañana jueves 27 del presente se definirán las acciones de hecho contra el accionar del diputrado oficialista sin descartar las movilizaciones como la paralización del Departamento de Potosí.
Se está convocando a la reunión de los presidentes de todas las cooperativas con la finalidad de que se definan acciones contra el corte del servicio de agua y serán los delegados quienes definan qué acciones tomar y desde cuando implementar las mismas.
CAMBIO
El presidente de Fedecomin también se refirió al cuestionamiento de los dirigentes del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) a la constitución de un comité electoral que busca el cambio del actual directorio que está al mando de la entidad por más de cuatro años.
Los cívicos establecieron la expulsión de las personas que conforman el comité electoral, lo cual es calificado por Lugo como un exceso ya que ellos no tienen tuición para expulsar a nadie y menos a dirigentes que tienen todos los derechos ciudadanos.
En relación al tema, el dirigente de la Federación de Chóferes 1ro de Mayo, Raúl Alcoba, destacó que el supuesto mandato de los actuales dirigentes es ilegal porque el estatuto no otorga facultades al cabildo o consejo consultivo de prolongar el mandato del directorio.
Destacó que en 2015 se cumplió el mandato de Llally y sus compañeros y solo tenían la posibilidad de seguir al mando de la institución a través de elecciones democráticas.
Cercos mostaron la fuerza minera
2008
Julio de 2018, los cooperativistas mineros cierran los accesos a la ciudad de Potosí y dejan a la población cercada por más de diez días.
Se oponían a la extensión del Impuesto al valor Agregado (IVA) a los diferentes sectores de la cadena productiva minera.
2010
El sector cooperativizado apuntala la movilización cívica de Potosí con el cierre de las garitas de acceso a la ciudad de Potosí. La movilización duró 19 días.
2015
En agosto los cooperativistas mineros ingresan al bloqueo de los caminos de acceso a la ciudad demandando la atención a un pliego cívico, movilización que duró 27 días.
2016
En agosto se desata el conflicto nacional minero demandando la atención a diez puntos entre los que destaca el rechazo a las modificaciones a la Ley General de Cooperativas.
El conflicto terminó de forma intempestiva tras el asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, en manos de los mineros.
FUENTE El Potosí
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